En comunicación con Medios Provincia, el abogado Gerardo Leguizamón León, se refirió al escrito publicado por la Asociación de abogados y abogados laboristas. Escuchá la nota.
Patricia Bullrich decidió que su primera acción al frente del Ministerio de Seguridad fuera una demostración de fuerza ante todos aquellos que decidan salir a las calles para manifestarse por las consecuencias del ajuste que implementa el gobierno de Javier Milei.
Horas después de que se publicara en el Boletín Oficial su protocolo para el “mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación”, un amplio abanico de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos empezó a preparar presentaciones ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que la administración de La Libertad Avanza (LLA) busca prohibir la protesta en el país.
Desde el Consejo directivo de la Asociación de abogados y abogados laboristas, manifestaron: “Luego de las medidas de ajuste feroz anunciadas el martes pasado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, destinadas a profundizar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos de los sectores más postergados, se produjo lo que muchas veces acompaña a este tipo de políticas regresivas y antipopulares: el intento de criminalizar la huelga y la protesta social. Nos referimos al nuevo Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la Ministra Patricia Bullrich, mediante Resolución Nº 943/2023, de fecha 14/12/2023”.
Y continuaron: “El nuevo Protocolo tiene como finalidad impedir y criminalizar la protesta social, el derecho de huelga y demás expresiones de autotutela y de organización colectiva en un contexto de ajuste económico y social. El mismo se suma a otros intentos de limitar la protesta efectuados en los últimos tiempos y que merecieron también el repudio de esta Asociación, como son los casos del proyecto de Ley Antipiquetes presentado en el año 2014, la Ley Antiterrorista y el Protocolo de Seguridad en Manifestaciones Públicas aprobado en el año 2016”.
Y finalizaron: “Esta Asociación repudia enérgicamente el nuevo Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, solicitando su inmediata derogación dado que adolece de serias inconstitucionalidades, que comprometen la responsabilidad internacional del Estado Argentino. Asimismo, se insta a todas las fuerzas de seguridad y autoridades públicas a cumplir con la Constitución Nacional respetar el libre ejercicio del derecho a la protesta social, de huelga, de reunión, asociación y organización sindical, absteniéndose de estigmatizar, criminalizar y obstaculizar los mismos”.
En este contexto, el abogado Gerardo Leguizamón León, expresó: “La realidad es que esto se ve con una gran preocupación. Desde diferentes fueros, colegios de abogados del país y distintas organizaciones, estamos repudiando este protocolo de orden público que se hace a través de una resolución ministerial 943/23”.
“Este protocolo tiene como finalidad limitar el derecho a huelga y protesta”
“Vemos que este protocolo tiene como finalidad el hecho de impedir la protesta, la concentración y generar una criminalización de protesta social, el ataque al derecho constitucional del derecho a huelga, a las expresiones de tutela colectiva del trabajo, a las organizaciones colectivas, que se da dentro de este brutal ajuste económico y social”, remarcó.
“Se intenta limitar a que los trabajadores se puedan manifestar públicamente como corresponde y que es un derecho constitucional”
