La Legislatura aprobó una ley que impone fuertes sanciones para quienes derrochen, contaminen o desvíen ilegalmente el recurso hídrico.
En una medida que busca proteger los recursos hídricos de la provincia, la Legislatura de Mendoza aprobó una ley que endurece las sanciones por derroche, contaminación o robo de agua. Las multas, que se calculan en Unidades Fiscales de Agua (UFA), podrán llegar hasta los $10 millones, según la infracción y la reincidencia.
La normativa establece que una UFA tendrá un valor inicial de $1.000, lo que significa que las sanciones oscilarán entre 100 mil y 10 millones de pesos. Sin embargo, este valor se actualizará anualmente a través de la Ley Impositiva. Entre las sanciones posibles se incluyen apercibimientos, suspensión de actividades, clausura de establecimientos y hasta el decomiso o la caducidad de concesiones.
El proyecto también modifica aspectos clave relacionados con la gestión del agua, como las servidumbres y el desvío no autorizado del recurso para beneficio personal. Se apunta a evitar el uso ilegal del agua, garantizando que sea administrada de manera responsable y equitativa. Además, la ley introduce regulaciones que permiten a los usuarios coordinar turnos en las hijuelas regadoras, lo que beneficiará especialmente a la agricultura, un sector crítico afectado por la escasez hídrica.
La reforma también afecta otras normativas, como la Ley 971, que prohíbe construir sobre canales de desagüe para no obstruir la circulación del agua. Se endurecen las sanciones por cultivos clandestinos o ilegítimos, con penas más severas en casos de reincidencia.
