En CNN Primera Mañana, afirmó que “marca un hito sin precedentes en la historia judicial y política argentina” y calificó el fallo como “una sentencia histórica que inaugura una nueva etapa en la lucha contra la impunidad”.
No obstante, señaló que “no causa alegría, sino tristeza, porque estamos hablando de una figura que fue dos veces presidenta y vicepresidenta, y que ahora enfrenta una condena firme por corrupción”.
Destacó que “la sentencia, que ya no admite apelaciones, fue dictada en primera instancia en 2022 por el Tribunal Oral Federal, ratificada por la Cámara de Casación y finalmente confirmada por la Corte Suprema en un plazo inusualmente rápido de 50 días”.
El constitucionalista explicó que “la resolución implica no solo una pena privativa de libertad que, por tratarse de una persona mayor de 70 años, podría cumplirse bajo la modalidad de prisión domiciliaria, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.
Remarcó que “además, el fallo ordena el decomiso de aproximadamente 85 mil millones de pesos, monto que deberá ser actualizado y que equivale a más de mil millones de dólares. Los 15 condenados deberán afrontar ese pago en forma solidaria y en un plazo de diez días”.
Cristian Cao afirmó que “la causa atravesó cuatro gobiernos, lo que refuerza la legitimidad del proceso. Tuvo todas las instancias procesales para defenderse. Fue juzgada en democracia y todos los imputados pudieron ofrecer pruebas y fijar su posición”.
Respecto de las acusaciones de persecución política y “lawfare”, consideró que “carecen de sustento frente a la solidez del recorrido judicial. Este proceso duró 17 años. Pasaron fiscales, jueces, cambios de gobierno. No hay manera de decir que no fue imparcial.”
También destacó la importancia del artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado en 1994, que asimila los delitos de corrupción a los ataques contra el orden democrático, impidiendo beneficios como el indulto o la amnistía.
Y concluyó que “Argentina ha firmado tratados internacionales que la obligan a investigar y sancionar estos hechos.
No hacerlo sería incumplir sus compromisos ante el mundo”.
