Se suma a la renuncia reciente del canciller Gerardo Werthein, mientras se acelera el rearmado del gabinete para la segunda parte del gobierno de Javier Milei.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, confirmó su salida del gobierno de Javier Milei, que se hará efectiva luego de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Su decisión se suma a la renuncia que el miércoles oficializó el canciller Gerardo Werthein.
En declaraciones a Infobae, Cúneo Libarona afirmó: “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”.
Según su círculo de confianza, la decisión “estaba totalmente tomada” desde hace varias semanas.
Con su partida, ya son cinco las bajas confirmadas en la primera línea del Gobierno libertario. A las salidas de Cúneo Libarona y Werthein, se suman Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), quienes dejarán sus cargos por candidaturas electorales, junto con el vocero presidencial Manuel Adorni.
La renuncia de Cúneo Libarona marca el cierre de una relación política que se remontaba a los primeros meses de la campaña presidencial de 2023. El abogado penalista y el entonces candidato Milei mantenían una relación cordial, basada en el respeto mutuo y en la exposición mediática que compartieron en distintos programas televisivos antes de desembarcar en la política.
El ministro asumió con una estructura ministerial condicionada: bajo su órbita estaba Sebastián Amerio, secretario de Justicia y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien conservó gran parte del control político sobre la “rosca judicial” del Gobierno.
Ahora, con la salida de Cúneo Libarona, se abre un interrogante sobre el futuro del área. En Casa Rosada no descartan una eventual fusión entre Justicia y Seguridad, aunque la decisión final dependerá de Milei después de los comicios.
Lo que sí parece definido es que Santiago Caputo continuará con injerencia directa en la agenda judicial, especialmente en los planes de reformas para 2026, que incluyen la cobertura de cargos vacantes en tribunales federales y posibles nuevos nombramientos en la Corte Suprema.
