El Presidente quiere aprovechar el impulso de la luna de miel postelectoral. Acelera para lograr la reforma laboral antes de fin de año y avanzar con más desregulaciones en el Estado.
Javier Milei, en plena calma veraniega, movió el avispero con la presentación de la reforma laboral, uno de los proyectos que apunta a aprobar en las sesiones extraordinarias. Con las internas solapadas por el optimismo respecto al nuevo clima político, el Presidente encara la etapa de reformas en el Congreso renovado y planifica otra fase de la desregulación, la de las privatizaciones.
El Gobierno tardó en cerrar el texto definitivo de la reforma laboral, y se extendió casi 48 horas luego del acto del Consejo de Mayo, órgano simbólico que no tuvo en sus manos la redacción del proyecto.
Como se contó la semana pasada en este espacio, convivían en el Gobierno la postura de atacar las cajas sindicales y la de preservarlas para no entrar en guerra con la CGT. Finalmente, hubo una moderación, con Santiago Caputo como mediador entre el Ejecutivo y los gremios. El asesor insistió dentro de Casa Rosada con la necesidad de ese apoyo para facilitar el trámite legislativo. La solución fue intermedia. Por un lado, quedó descartado el cambio sobre la cuota solidaria, el punto que la CGT había objetado con más fuerza. Pero el Gobierno mantuvo un eje controversial: que cualquier descuento sindical requiera la aceptación expresa del trabajador y autorización de la Secretaría de Trabajo antes de ser aplicado. También afecta a los gremios los límites a la utraactividad (vigencia de los convenios aun vencidos) y la posibilidad de que los convenios inferiores tengan supremacía respecto a los convenios superiores.
Estos apartados son sensibles para la CGT, que marchará este jueves mientras, en paralelo, los equipos jurídicos aceleran reuniones para llevar, si hiciera falta, la batalla a los tribunales, como ya ocurrió con artículos laborales del Decreto 70/23, suspendidos luego por la Justicia. En despachos de Casa Rosada insisten en que se debe hacer algo con los menores de 35 años, más de la mitad de la masa de trabajadores, que hoy no están formalizados. Del mismo modo, dar soluciones a las pymes, la franja de empresas con mayores complicaciones para contratar y para despedir. Una de las pocas coincidencias entre sindicatos y gobierno es la necesidad de reducir los litigios laborales. Saben que los juicios jaquean a las pequeñas empresas, sobre todo.
Fuente: Ámbito
