En la última sesión de la Cámara de Diputados de La Rioja, el eje central fue la aprobación de la nueva Ley del Consejo de la Magistratura, una norma clave que busca adecuar el funcionamiento del organismo a la reciente reforma de la Constitución provincial.
La iniciativa fue sancionada por mayoría durante la tercera sesión del 141° período legislativo y establece cambios estructurales importantes: fija mandatos de tres años para los 11 consejeros con renovaciones parciales, incorpora representación académica por primera vez y crea la Escuela de la Magistratura, encargada de la formación y validación obligatoria de jueces, fiscales y defensores.
Además, en la misma jornada parlamentaria se aprobaron designaciones de magistrados para distintas circunscripciones judiciales (Capital, Chilecito y Chamical), siguiendo el orden de mérito elevado por el Consejo.
Cuestionamientos de la oposición
En ese contexto, el diputado Diego Molina Gómez, del bloque de La Libertad Avanza, expresó fuertes críticas al tratamiento y contenido de la ley. El legislador cuestionó principalmente la conformación del Consejo de la Magistratura y denunció falta de representación de las minorías, señalando que hubo acuerdos entre oficialismo y otros sectores para definir su integración.
En línea con esas críticas —y sumando planteos como los que mencionaste—, Molina Gómez puso en duda la transparencia del proceso de selección de jueces y el funcionamiento real del nuevo esquema institucional. Entre los puntos observados, remarcó interrogantes sobre:
- Quién controlará las designaciones si el órgano debe ser independiente.
- La falta de participación de universidades privadas en el proceso.
- La ausencia de criterios técnicos claros para la evaluación y validación de jueces.
- Dudas sobre la transparencia de las entrevistas, el orden de mérito y los mecanismos de objeción.
Estas objeciones contrastan con la postura del oficialismo, que defendió el proyecto como el resultado de un proceso “participativo y transparente”, orientado a fortalecer la calidad institucional del sistema judicial riojano.
