La negativa del presidente José María Balcázar a autorizar el pago inicial de USD 2.000 millones a Lockheed Martin derivó en la renuncia del canciller Hugo de Zela y del ministro de Defensa Carlos Díaz y expone a Perú a penalidades contractuales, litigios internacionales y una pérdida de confianza en su capacidad de cumplir compromisos de alto nivel
La adquisición formaba parte del programa “Recuperación de la Capacidad de Control Aeroespacial y Precisión en las Operaciones Militares” del Grupo Aéreo N° 4, con base en Arequipa, y preveía la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70: 20 monoplazas y 4 biplazas, en dos etapas. El contrato inicial contemplaba la entrega de 12 aeronaves —10 F-16C y 2 F-16D— por USD 1.540 millones, mientras que los USD 460 millones restantes se destinarían a la adquisición de equipos de apoyo en tierra, repuestos, soporte logístico, capacitación, simuladores de vuelo y un lote inicial de armamento.
La adquisición formaba parte del programa “Recuperación de la Capacidad de Control Aeroespacial y Precisión en las Operaciones Militares” del Grupo Aéreo N° 4, con base en Arequipa, y preveía la compra de 24 aviones de combate F-16 Block 70: 20 monoplazas y 4 biplazas, en dos etapas. El contrato inicial contemplaba la entrega de 12 aeronaves —10 F-16C y 2 F-16D— por USD 1.540 millones, mientras que los USD 460 millones restantes se destinarían a la adquisición de equipos de apoyo en tierra, repuestos, soporte logístico, capacitación, simuladores de vuelo y un lote inicial de armamento.
Decisión política y antecedentes del proceso de compra
La decisión de adquirir los F-16 Block 70 no fue improvisada. Según explicó el exministro de Defensa Carlos Díaz, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, órgano colegiado presidido entonces por el expresidente José Jerí, aprobó en febrero de este año la compra directa por considerarla una “compra estratégica para la seguridad y defensa de la nación”. Posteriormente, el Comandante General de la Fuerza Aérea emitió el informe técnico y la resolución correspondiente, que fue elevada a la Presidencia de la República. El presidente Balcázar firmó el Decreto Supremo N° 01, autorizando la operación bajo la modalidad de secreto militar.
Fuente: Infobae
