El gobierno malayo obligará a TikTok, Instagram, Facebook y YouTube a verificar la edad de sus usuarios mediante registros oficiales. La medida se suma a una tendencia global que ya impulsan países como Australia, Francia, España y Noruega.
Malasia se sumó este lunes a la lista de países que prohiben las redes sociales a menores de 16 años. La medida la informó el regulador de las comunicaciones del país, en el marco de sus esfuerzos por proteger a los menores de la exposición a contenidos nocivos en internet.
“A partir del lunes, las plataformas de redes sociales, entre las que se incluyen Facebook e Instagram, de Meta Platforms, TikTok y YouTube, de Alphabet, deben realizar una verificación de edad cotejando los datos con los registros gubernamentales”, según informó la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia.
Si alguna de estas “plataformas incumple esta normativa, se podrán imponer multas de hasta 10 millones de ringgit (u$s2.500.000)”.
“La medida no pretende prohibir el uso de internet a los menores ni negarles el acceso a la tecnología”, sino que tiene como objetivo fomentar la responsabilidad de las plataformas de redes sociales, los padres y los tutores en la protección de los menores en línea, según explicó la cartera de comunicaciones malaya.
“La verificación de la edad de los usuarios actuales será implementada por las plataformas de redes sociales a lo largo de un periodo de seis meses”.
De esta manera, el país del sudeste asiático se suma a una lista en crecimiento. Hasta la fecha, Australia es la única nación que tiene una ley aprobada que prohíbe a los menores de 16 años utilizar las redes sociales. Sin embargo, países como Francia, España o Noruega, se encuentran en alguna instancia -más lejana o cercana- de aprobar algún tipo de regulación para sus adolescentes.
En este caso concreto, Kuala Lumpur ha intensificado el control de las empresas de redes sociales tras constatar un fuerte aumento de los contenidos nocivos en línea en los últimos años, y está tomando medidas drásticas contra el material que intente deliberadamente avivar tensiones raciales o religiosas, o que critiquen a la monarquía. Por ello, la medida no tiene un único punto de vista, y no son exactamente las mismas motivaciones que impulsan a Madrid, París y Oslo a tratar, promulgar o discutir la ley.
Fuente: Ámbito
