La abogada e integrante de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, Soledad Díaz García, se refirió al impacto social y político generado tras el femicidio de Agostina y sostuvo que el reclamo de jury contra el fiscal Garzón y el pedido de salida del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, responden a una creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones.
En diálogo sobre la repercusión del caso, la ex legisladora provincial advirtió que parte de la indignación social encuentra paralelismos con situaciones históricas que marcaron a la Argentina, como el caso de María Soledad Morales en Catamarca.
“Cuando la sociedad vuelve a hablar de los ‘hijos del poder’, no necesariamente está diciendo que los hechos sean iguales, sino que reaparece el temor de que existan privilegios para determinados sectores y que la Justicia no actúe de la misma manera para todos”, señaló.
Díaz García consideró que la referencia al emblemático caso ocurrido en Catamarca a comienzos de los años noventa revela una preocupación profunda sobre el funcionamiento de las instituciones. “Lo que está en discusión es la confianza pública. Cuando aparecen dudas sobre cómo se investigó un caso o sobre la actuación de los funcionarios, la sociedad exige respuestas”, afirmó.
En ese sentido, defendió los reclamos impulsados por organizaciones feministas para que se investigue el desempeño del fiscal Garzón y se determinen eventuales responsabilidades institucionales.
“La exigencia de justicia no puede limitarse a encontrar responsables penales. También es necesario analizar si el Estado actuó correctamente y si los mecanismos de prevención funcionaron”, expresó.
Respecto del pedido de apartamiento de Quinteros, sostuvo que se trata de una discusión política vinculada a la responsabilidad de quienes tienen a su cargo áreas sensibles del Estado. “Cuando ocurre un hecho de semejante gravedad, la ciudadanía también interpela a quienes conducen las políticas públicas”, remarcó.
La dirigente feminista señaló además que la movilización social alrededor del caso refleja una demanda cada vez más fuerte de transparencia. “La sociedad argentina aprendió mucho desde los años noventa. Hoy existe una mayor conciencia sobre la necesidad de exigir rendición de cuentas a la Justicia, a la política y a todas las instituciones”, indicó.
Finalmente, advirtió que el desafío es evitar que el caso quede reducido a una discusión coyuntural. “Lo importante es que se esclarezca lo ocurrido y que se revisen las fallas que pudieron existir. Si la sociedad vuelve a plantear debates sobre impunidad o privilegios, es porque todavía hay deudas pendientes en materia de confianza institucional”, concluyó.
