En comunicación con el equipo de Aquí & Ahora, la Dra. Leila Torres reflexionó sobre el caso de Agostina Vega, la violencia machista y la próxima movilización de Ni Una Menos. Remarcó la necesidad de fortalecer las políticas públicas, la capacitación con perspectiva de género y la responsabilidad del Estado frente a estos hechos.
A pocos días de una nueva movilización de Ni Una Menos, la Dra. Leila Torres dialogó con el equipo de Aquí & Ahora y analizó el contexto actual de la violencia de género en el país, tomando como referencia el caso de Agostina Vega.
Durante la entrevista, la profesional recordó que el movimiento Ni Una Menos surgió a partir de la conmoción social generada por el femicidio de Chiara Páez, una adolescente víctima de violencia extrema. “Nosotras estamos en claro posicionamiento: ni una de nosotras más muerta por violencia machista”, expresó.
Torres destacó que la lucha contra la violencia de género se sustenta en un amplio marco legal nacional e internacional, al que Argentina adhiere al reconocer esta problemática como una cuestión de salud pública y una grave violación a los derechos humanos. En ese sentido, sostuvo que “el femicidio es la máxima expresión de violación de los derechos humanos” y remarcó la necesidad de mantener vigente el reclamo social.
Asimismo, manifestó preocupación por los índices actuales de violencia machista. “Nos encontramos con cifras totalmente escandalosas, inadmisibles y preocupantes. Nos tiene que avergonzar como sociedad tener estos indicadores”, señaló, al tiempo que llamó a la comunidad a involucrarse activamente en la prevención y erradicación de estas violencias.
La especialista también hizo hincapié en la importancia de la Ley Micaela, herramienta que busca garantizar la capacitación obligatoria en perspectiva de género para quienes integran los distintos poderes del Estado. Según indicó, la formación resulta fundamental para identificar, comprender y actuar frente a situaciones de violencia.
Al referirse específicamente al caso de Agostina Vega, Torres planteó interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones estatales y judiciales. “Hay que preguntarse quién liberó a este sujeto que ya tenía antecedentes de privación ilegítima de la libertad contra otra mujer. También debemos analizar cuáles son los mecanismos que tienen los Estados provinciales para abordar la violencia machista y si realmente saben identificarla”, expresó.
Además, consideró que la falta de capacitación en perspectiva de género dificulta la comprensión de determinadas decisiones judiciales y de los reclamos que surgen desde distintos sectores de la sociedad. En ese marco, explicó que para entender por qué se solicita un jury de enjuiciamiento contra el fiscal que intervino en la causa es necesario conocer cómo opera la violencia patriarcal y cuáles son las obligaciones institucionales frente a estos casos.
Finalmente, la Dra. Torres convocó a periodistas, comunicadores y a toda la sociedad a profundizar la formación en perspectiva de género para evitar discursos que revictimicen a quienes sufren violencia. “La primera sensación que transmitimos no puede ser que la víctima sea pensada como responsable de lo que le sucedió. Bajo ningún punto de vista”, concluyó.
