La Legislatura de La Rioja avanza con un proceso disciplinario contra el diputado provincial de La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, luego de las denuncias públicas que realizó contra una legisladora radical en el marco de la discusión por la integración del Consejo de la Magistratura.
Según confirmó el diputado justicialista Cristian Pérez en declaraciones realizadas en el programa Ben Arriba, el legislador fue formalmente convocado por la Comisión de Asuntos Constitucionales para que brinde explicaciones en persona sobre sus dichos, tras considerar que el descargo presentado por escrito no aportó elementos probatorios suficientes.
El conflicto se originó a partir de expresiones de Molina Gómez durante la sesión del 16 de abril, cuando se debatió la reforma del Consejo de la Magistratura a través de la Ley Provincial N.º 10.864. En ese contexto, el diputado libertario cuestionó el proyecto y lo calificó como una iniciativa orientada a favorecer al oficialismo.
Posteriormente, el legislador amplificó sus críticas en redes sociales, donde sugirió la existencia de un entendimiento político entre sectores del justicialismo y la Unión Cívica Radical para preservar lugares dentro del organismo judicial. Aunque no mencionó nombres de manera directa, sus publicaciones fueron interpretadas como una alusión a la legisladora radical por Chilecito, Gabriela Rodríguez.
Tanto desde el oficialismo como desde la UCR rechazaron las acusaciones. Pérez advirtió que no pueden tolerarse señalamientos públicos sin respaldo, mientras que Rodríguez negó de forma categórica cualquier tipo de acuerdo político y remarcó que su participación en el Consejo de la Magistratura se daba con anterioridad a la reforma aprobada.
En este contexto, la Comisión de Asuntos Constitucionales resolvió avanzar con la citación personal de Molina Gómez, al tiempo que el expediente quedó encuadrado dentro del Reglamento Interno de la Cámara y la Constitución provincial. Estas normas habilitan sanciones disciplinarias cuando se consideran afectadas las reglas de convivencia legislativa entre sus miembros.
Entre las posibles medidas que se analizan aparece la suspensión del diputado por una determinada cantidad de sesiones, con la correspondiente quita de haberes. Tras la audiencia con la comisión, se deberá emitir un dictamen que luego será tratado en el recinto.
Por su parte, Molina Gómez sostiene que sus declaraciones se enmarcan en lo que considera un escenario de discriminación política hacia su espacio dentro de la Legislatura, y denuncia restricciones en la asignación de cargos institucionales. También advirtió sobre lo que interpreta como una persecución política y cuestionó el impacto económico que podría tener una eventual sanción.
El caso continúa en desarrollo y se perfila como un nuevo punto de tensión dentro del cuerpo legislativo riojano, con un debate abierto sobre los límites entre la libertad de expresión de los legisladores y las responsabilidades institucionales en el uso de acusaciones públicas.
