El abogado constitucionalista Eugenio Covian sostuvo que la medida genera dudas jurídicas por la ausencia de una situación de necesidad y urgencia que justifique su implementación mediante decreto. Además, cuestionó las restricciones vinculadas a los denominados discursos de odio.
En comunicación con el equipo de Aquí & Ahora, el abogado constitucionalista Dr. Eugenio Covian analizó el decreto migratorio impulsado por el presidente Javier Milei y planteó cuestionamientos sobre su encuadre constitucional, al considerar que no se cumplen las condiciones excepcionales que habilitan el uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Según explicó, este tipo de herramientas deben utilizarse únicamente en contextos donde exista una situación de emergencia que imposibilite la intervención del Congreso. “Tiene que haber una necesidad y una urgencia real que justifique la no intervención del Poder Legislativo en la sanción de las leyes”, señaló.
En ese sentido, afirmó que el decreto presenta una “dudosa constitucionalidad” y recordó que la Constitución Nacional fue concebida bajo una visión abierta a la inmigración. “La Constitución argentina abre las puertas a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, una idea que estuvo presente desde el pensamiento de Juan Bautista Alberdi”, indicó.
Respecto de las restricciones para extranjeros vinculadas a mensajes o discursos de odio, Covian sostuvo que cualquier manifestación de odio resulta negativa, independientemente de quién la emita. Sin embargo, consideró que una opinión crítica o incluso hostil hacia un país no debería ser motivo suficiente para impedir el ingreso de una persona al territorio nacional.
“Los controles migratorios deben estar orientados a detectar personas vinculadas a delitos o a organizaciones criminales. Pero la mera expresión de una opinión, por más desagradable que resulte, no debería constituir una causal de exclusión mientras se respeten la Constitución y las leyes”, expresó.
Finalmente, el especialista consideró que la iniciativa responde más a una estrategia política y comunicacional que a una necesidad concreta. “Creo que se busca instalar temas en la agenda pública. No advierto una situación de urgencia que justifique la adopción de este tipo de medidas por decreto”, concluyó.
