En comunicación con el equipo de Aquí & Ahora, el asesor General del Gobierno de La Rioja, Dr. Pedro Goyochea, se refirió a la decisión de la Justicia Federal de admitir a la provincia como querellante en la causa por la presunta retención y desvío de fondos destinados al sistema vial.
El asesor legal del Gobierno de La Rioja, Dr. Pedro Goyochea, analizó la decisión de la Justicia Federal de admitir a la provincia como querellante en la causa que investiga la presunta retención y desvío de fondos del Sistema Integral de Conservación y Mantenimiento Vial (SISVIAL).
En comunicación con Aquí & Ahora, Goyochea explicó que estos recursos tienen una asignación específica y se financian a través del impuesto a los combustibles, destinados a tareas de conservación, mantenimiento e infraestructura de las rutas nacionales.
El abogado cuestionó el mecanismo implementado a partir de los decretos 325 y 423 de 2025 y sostuvo que, mediante este esquema, los fondos quedaron bajo administración del Ministerio de Economía, que habría dejado de realizar los envíos correspondientes a las provincias.
En ese sentido, Goyochea hizo referencia a declaraciones del vocero presidencial sobre el destino de los recursos y afirmó que estos habrían sido utilizados para la compra de títulos de deuda pública y depósitos a plazo fijo. “Los fondos se desvían con dos objetivos: primero, la compra de títulos de deuda pública y, en segundo lugar, depósitos en plazos fijos”, señaló.
El asesor legal sostuvo que esta situación podría tener implicancias penales y mencionó posibles figuras como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Por otra parte, destacó las medidas de prueba dispuestas por el juez federal Ariel Lijo, entre ellas pedidos de informes al Ministerio de Economía, la Auditoría General de la Nación, la Jefatura de Gabinete, la Dirección Nacional de Vialidad y la Sindicatura General de la Nación.
Finalmente, Goyochea defendió la presentación realizada por el gobernador Ricardo Quintela y remarcó que la denuncia busca que la Justicia investigue la posible comisión de un delito. Según sostuvo, se trata de un hecho de “gravedad institucional”.
