En comunicación con el equipo de Aquí & Ahora, Maximiliano Campos analizó cómo la inteligencia artificial puede incorporarse al trabajo legislativo, desde la producción de normas y la asistencia a legisladores hasta la transcripción de sesiones y tareas administrativas. También advirtió sobre los riesgos de utilizar herramientas de IA sin fuentes confiables y curadas.
La inteligencia artificial avanza sobre distintos ámbitos de la sociedad y el trabajo legislativo no es la excepción. En este contexto, Maximiliano Campos explicó en comunicación con el equipo de Aquí & Ahora que las nuevas tecnologías están generando transformaciones profundas en la economía, la cultura y las formas de relacionarse, aunque señaló que el Estado suele mostrarse más reticente a la hora de incorporarlas.
Según Campos, los ámbitos legislativos tienen múltiples posibilidades para aprovechar estas herramientas y mejorar sus procesos de trabajo. Una de ellas es la incorporación de agentes de inteligencia artificial capaces de asistir en distintas etapas de la labor parlamentaria, especialmente en la producción, el diseño y el procesamiento de normas.
En ese sentido, destacó que la IA también puede utilizarse para tareas específicas dentro de las legislaturas, como la transcripción automática de sesiones, en conjunto con el trabajo de los cuerpos de taquígrafos, además de diferentes funciones administrativas y contables.
Campos diferenció, además, entre la inteligencia artificial generativa, más conocida por herramientas como ChatGPT, y los denominados agentes de inteligencia artificial. Mientras la primera permite generar contenidos y colaborar en determinadas tareas a partir de instrucciones, los agentes pueden configurarse para asistir en labores específicas y acompañar procesos de trabajo determinados.
Sin embargo, el especialista puso el foco especialmente en los riesgos que implica utilizar inteligencia artificial en ámbitos donde la precisión y la confiabilidad de la información resultan fundamentales.
“Hay que tener cuidado”, advirtió, y remarcó la importancia de verificar los resultados obtenidos mediante estas herramientas. Explicó que, si un legislador utiliza una inteligencia artificial generativa para solicitar asistencia en la elaboración de una normativa, existe la posibilidad de que el sistema produzca información incorrecta o directamente inventada.
El problema, señaló, radica en que muchas de estas herramientas trabajan con una enorme cantidad de información disponible en internet, proveniente de fuentes que no necesariamente fueron sometidas a procesos de verificación o curaduría.
Como ejemplo, Campos recordó un caso ocurrido en Colombia, donde un juez utilizó inteligencia artificial en una sentencia y el sistema proporcionó jurisprudencia y referencias normativas inexistentes. El episodio puso en evidencia uno de los principales riesgos asociados al uso de estas tecnologías: las denominadas “alucinaciones” de la IA, es decir, respuestas que presentan como verdaderos datos, fuentes o referencias que en realidad no existen.
Por este motivo, consideró fundamental que el uso de inteligencia artificial en el ámbito legislativo esté acompañado por fuentes confiables, verificadas y especialmente curadas. En áreas vinculadas con la producción normativa y jurídica, sostuvo, no alcanza con obtener una respuesta rápida: es necesario poder comprobar de dónde proviene la información y garantizar su validez.
La incorporación de inteligencia artificial al trabajo legislativo aparece así como una oportunidad para agilizar procesos, automatizar tareas y brindar nuevas herramientas de asistencia a legisladores y equipos técnicos. Pero, al mismo tiempo, plantea el desafío de establecer mecanismos de control que permitan aprovechar sus beneficios sin comprometer la calidad, la precisión y la seguridad de la información utilizada para la toma de decisiones.
