La jueza de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores, Dra. Ivana Alarcón Rearte, mantuvo comunicación con el equipo de Medios Provincia y se refirió a la implementación del nuevo régimen penal juvenil y a las situaciones que atraviesan actualmente los adolescentes en conflicto con la ley.
La magistrada explicó que, a partir de la nueva normativa, los adolescentes de entre 14 y 18 años que sean señalados por un hecho que pueda constituir un delito deben transitar un proceso penal, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal.
Alarcón Rearte señaló que, antes de la implementación del nuevo régimen, existía una importante cantidad de causas correspondientes a adolescentes que, por su edad, eran considerados no punibles. Según detalló, desde marzo se habían contabilizado más de 100 causas de estas características, incluyendo casos de menores de 16 años.
En cuanto a las situaciones que actualmente llegan a la Justicia, la jueza indicó que muchas de las conductas tienen origen en conflictos vinculados al ámbito escolar, como peleas, bromas que terminan en situaciones de violencia y casos de bullying, tanto dentro como fuera de las instituciones educativas.
En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar desde la prevención, involucrando a las familias, las escuelas y a los propios adolescentes.
“Lo que antes se veía como una broma, hoy puede tener otra implicancia”, explicó la magistrada, al destacar la necesidad de que los adolescentes conozcan las consecuencias que pueden derivarse de determinadas conductas.
¿Qué ocurre con los padres?
Uno de los aspectos destacados por Alarcón Rearte fue la responsabilidad de los adultos frente a los hechos cometidos por adolescentes.
La jueza explicó que, si un adolescente de entre 14 y 18 años es declarado responsable de un delito, como por ejemplo lesiones, puede existir una responsabilidad civil de los padres respecto del resarcimiento del daño ocasionado a la víctima.
Además, señaló que el nuevo régimen contempla una participación más activa de las víctimas dentro del proceso.
La magistrada también sostuvo que las medidas previstas por el sistema deben aplicarse teniendo en cuenta cada situación particular, priorizando herramientas como el acompañamiento, la prevención y la reparación del daño, mientras que la privación de la libertad debe constituir una medida de último recurso.
Finalmente, Alarcón Rearte destacó la necesidad de que la sociedad, las familias y las instituciones puedan abordar estas problemáticas antes de que determinadas conductas escalen y terminen configurando delitos.
