Buscan suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos con un recurso de revisión. La defensa, integrada por Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, sostiene que el Grupo Austral de Lázaro Báez recibió apenas un 0,85% de los fondos destinados a obras públicas y que esto desvirtuaría la hipótesis de que fue beneficiado por la ex presidenta
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner anunciaron la presentación de una nueva prueba ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras la condena dictada en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En una conferencia de prensa en el NH Hotel, los letrados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego cuestionaron la condena y repasaron el caso: “La sentencia es absolutamente injusta y se condenó a una persona inocente. Cuando se formuló la acusación en la causa Vialidad, la imputación que se le hizo a Cristina básicamente era ser la jefa de una asociación ilícita y utilizar la estructura del Estado para generar un gravísimo delito de administración fraudulenta”.
“En la acusación se decía que las leyes enviadas al Congreso otorgaban a Santa Cruz y a un grupo empresario de Lázaro Báez fondos ilegítimos. Este instrumento que se estaba utilizando se complementaba con DNU y resoluciones de los jefes de Gabinete. El fiscal decía que tenía tres toneladas de prueba con los que iba a conseguir la condena a Cristina. En el juicio se demostró que las imputaciones eran falsas. Se la absolvió del delito de asociación ilícita y a continuación esas tres toneladas de prueba fueron desvirtuadas”, añadieron.
En tal sentido, se refirieron a las razones de la condena contra la expresidenta: “En lugar de disponer una absolución, se la terminó condenando no por las cuestiones de las leyes del Presupuesto, los DNU que eran válidos y ratificados por el Congreso ni por las decisiones de los jefes de Gabinete. Tampoco por las resoluciones del Ministerio de Planificación ya que De Vido fue absuelto. Como no quedaba nada, el tribunal centró la condena sobre estos fondos llamados de fideicomiso de transporte a partir de un decreto firmado por Cristina en 2009 y el tribunal dice que ese DNU se emitió de forma irregular y con el propósito de proveer de fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez”.
En tanto, los abogados recordaron el DNU firmado por la exmandataria: “La imputación era absolutamente falsa y si se hubiesen hecho las medidas de prueba que ofrecimos, se hubiese demostrado que ese DNU era una norma de carácter general que no se había dictado para favorecer a ningún empresario, sino que era una asignación de fondos para cumplir sus fines, que era proveer financiamiento para las obras viales”.
También subrayaron que la Justicia no aceptó una prueba presentada por la defensa: “Para probar que era una norma de carácter general, ofrecimos una pericia contable que tenía muchos puntos y que iba dirigida a mostrar cómo esos fondos se utilizaron y que estos fondos habían sido repartidos entre todos los empresarios que tenían obra pública. Esa negativa de prueba fue planteada en la causa y llevada hasta las últimas instancias”.
Asimismo, se refirieron a la postura del máximo tribunal: “La Corte dijo que al momento de plantearse los recursos, esa prueba todavía estaba siendo discutida y entonces no había sentencia definitiva. La sentencia quedó firme, fue convalidada por Casación y finalmente la Corte no quiso darle trámite al recurso extraordinario. No dejamos de seguir investigando y encontrar los elementos de prueba que nutrían de manera objetiva de nuestra posición porque estamos convencidos de que la verdad, en algún momento, iba a salir a la luz”.
En este marco, los abogados de Cristina explicaron la nueva prueba que presentaron ante la ONU. “El 6 de agosto, en el marco de la causa Cuadernos, compareció un testigo a propuestas de la Fiscalía. Es un testigo funcionario de la Dirección Nacional de la Vialidad y fue convocado para generar una explicación sobre una base de datos incorporada a la causa a través de un Excel y en esa base de datos había una enorme cantidad de información que el testigo explicó”, señalaron.
“La planilla tenía casi 80 columnas y esas columnas fueron despejadas uno por uno por el testigo. La Fiscalía le preguntó qué había en esa planilla y una de las informaciones era algo que no habíamos podido ver con anterioridad, que era cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso. Cristina fue condenada por la mala utilización de los fondos del fideicomiso por haber dictado un decreto haciéndonos creer que ese decreto sólo había beneficiado con fondos a Lázaro Báez y aparecía ahora una información de todo lo que la Dirección Nacional de Vialidad había invertido en obra pública con fondos de ese fideicomiso entre 2009 y 2015”, agregaron.
En tanto, recordaron las medidas realizadas: “Cuando vimos eso, pedimos esa información e iniciamos una investigación de una manera muy limitada ya que no tenemos conocimiento en materia económica y vimos en esa prueba que cuando se hablaba de la utilización de los fondos que se le dieron a la Dirección Nacional de Vialidad a través del DNU nos encontramos con que entre 2009 y 2015, es decir lo que se juzgó y por lo que se la condenó a Cristina, la inversión era enorme, pero cuando miramos lo que se le asignó a Lázaro Báez, era menos del 1%”.
“Nos encontramos con que había una serie de empresas que estaban en el primer ranking que no tenían nada que ver con el Gobierno de aquel entonces y que las empresas de Lázaro Báez estaban muy relegadas. Me puse en contacto con mis dos colegas porque esto excedía la importancia de lo que estamos discutiendo sobre el derecho interno y era una prueba que debía ser exhibida de manera objetiva y llevarla a la ONU”, señalaron.
La presentación también cuestiona el proceso judicial que terminó con la condena de la expresidenta, su posterior encarcelamiento y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según los letrados, durante el proceso se vulneraron ocho garantías contempladas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el escrito, la defensa sostiene que la condena tuvo como objetivo impedir una futura candidatura de Cristina Kirchner y cuestiona la legalidad de la inhabilitación de por vida. También plantea objeciones sobre la atribución de responsabilidades administrativas a la exmandataria y sostiene que se afectó su derecho a ejercer una defensa adecuada.
Fuente: Infobae
