La diputada nacional Kelly Olmos analizó, en comunicación con el equipo de Medios Provincia, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, referido a la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
Olmos sostuvo que la discusión sobre la extranjerización de las tierras generó un alto nivel de movilización social y recordó que la legislación vigente antes del DNU establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales.
“Ha habido un nivel muy alto de movilización popular y esto se ha expresado en la imposibilidad del Ejecutivo de avanzar con esa iniciativa”, señaló la legisladora.
En ese sentido, explicó que la Ley de Tierras había sido derogada por el DNU 70/23 y que, posteriormente, una presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata derivó en decisiones judiciales que habían suspendido los efectos de esa derogación.
La Corte Suprema, sin embargo, revocó recientemente el fallo de la Cámara Federal de La Plata al considerar que el CECIM no tenía legitimación para promover la acción judicial. El máximo tribunal aclaró posteriormente que su decisión se limitó a una cuestión procesal y que no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23.
Para Olmos, el escenario actual vuelve a poner en discusión el tratamiento legislativo del DNU. “Lo que hemos pedido la mayoría de los bloques de la oposición es una sesión especial para el día 15 de octubre”, indicó.
Según explicó, la convocatoria contempla tres temas: un proyecto vinculado al desendeudamiento de las familias, la emergencia en discapacidad y la derogación del DNU 70/23, que ya fue rechazado por el Senado y se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados.
“Si lográramos eso, la Ley de Tierras volvería a tener plena vigencia y con eso el límite a la extranjerización del suelo”, afirmó la diputada.
Olmos también se refirió a la situación económica
Durante la entrevista, la legisladora también analizó el escenario económico y sostuvo que, más allá de la desaceleración de la inflación, persisten dificultades vinculadas al nivel de ingresos y al impacto de otros componentes del gasto familiar.
En particular, mencionó el peso de los servicios públicos y el nivel de endeudamiento de los hogares como factores que, según su mirada, afectan la disponibilidad de recursos de las familias.
“Todavía para la gente la inversión es muy alta”, sostuvo Olmos, y vinculó esta situación con un escenario de “angustia y satisfacción social”, al analizar el comportamiento electoral.
La diputada planteó así que el debate sobre el DNU 70/23 continuará en el Congreso, donde la oposición busca avanzar con su tratamiento durante la sesión especial prevista para el 15 de octubre.
