El gobernador Ricardo Quintela cuestionó el régimen minero nacional, reclamó mayor participación provincial en las ganancias y planteó una mesa de diálogo con San Juan por el impacto de los proyectos cordilleranos.
El gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, volvió a marcar distancia con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y defendió el modelo minero que impulsa La Rioja, basado en la participación estatal, el desarrollo de proveedores locales y la industrialización de los recursos.
En una entrevista con el director de Acero y Roca, Carlos Fernández, Quintela sostuvo que La Rioja no comparte el RIGI porque, a su entender, otorga beneficios extraordinarios a grandes capitales mientras las pequeñas empresas y comerciantes deben afrontar una mayor carga tributaria.
“Nosotros precisamos mucho más que la mano de obra. Necesitamos las riquezas que son nuestras”, afirmó el mandatario, al remarcar que la actividad minera debe generar beneficios concretos para las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
Quintela explicó que la provincia busca que las empresas mineras se asocien con el Estado riojano, incorporen trabajadores locales y contraten proveedores de la región. Actualmente, según detalló, hay 27 proyectos mineros en distintas etapas de prospección y exploración, de los cuales 10 ya se encuentran en etapa exploratoria.
El Gobierno provincial pretende además que la actividad avance hacia una mayor industrialización, evitando que los minerales sean extraídos y enviados sin procesamiento. La estrategia apunta a que la minería también genere movimiento en sectores como transporte, hotelería, gastronomía y servicios.
El gobernador remarcó que cualquier proyecto deberá contar con licencia social y controles ambientales, especialmente en relación con el uso del agua.
El reclamo a San Juan por Vicuña
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la situación limítrofe con San Juan y el desarrollo del proyecto Vicuña, que comprende a Josemaría y Filo del Sol.
Quintela bajó el tono de la disputa y planteó la necesidad de una mesa de diálogo con el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego. “Nuestra intención no es armar una polémica ni entrar en una pelea con los hermanos de San Juan”, sostuvo, aunque aclaró que tiene la responsabilidad institucional de defender los intereses de La Rioja.
El mandatario reclamó información sobre el posible impacto ambiental de los proyectos cordilleranos sobre las cuencas hídricas riojanas y planteó que la provincia también debe participar de los beneficios que puedan generarse en zonas de influencia.
En ese sentido, mencionó la experiencia de trabajadores y proveedores de Guandacol y Chilecito, muchos de ellos con antecedentes laborales vinculados a la minería, como una oportunidad para incorporar mano de obra y servicios riojanos.
Quintela también fue contundente al referirse a las condiciones que la provincia pretende establecer para futuras inversiones. “Si no le conviene a la provincia, las riquezas no se mueven”, afirmó, al sostener que los recursos naturales deben permanecer bajo control estatal y generar un beneficio concreto para los riojanos.
El gobernador cuestionó además el modelo de explotación minera de San Juan y puso como ejemplo el caso Veladero para advertir sobre la necesidad de que las grandes inversiones dejen mayor valor en las provincias productoras.
La posición de Quintela se sostiene así sobre tres ejes: participación del Estado, generación de valor en origen y protección de los recursos naturales, en un escenario donde La Rioja busca avanzar con la exploración minera sin resignar el control sobre sus recursos.
