En comunicación con el equipo de Aquí & Ahora, la diputada Lourdes Ortiz explicó los alcances de la ley aprobada por la Legislatura de La Rioja, que declara la emergencia social y económica en materia de ejecuciones prendarias y establece una suspensión de estos procesos por 180 días.
La Legislatura de La Rioja aprobó una ley que declara la emergencia social y económica en materia de ejecuciones prendarias y dispone la suspensión de las ejecuciones de garantías prendarias durante 180 días.
En comunicación con Aquí & Ahora, la diputada Lourdes Ortiz puso en contexto la iniciativa y explicó que surgió a partir del trabajo del bloque Justicialista y de conversaciones con el gobernador, con el objetivo de generar herramientas frente al nivel de endeudamiento que atraviesan numerosas familias.
Ortiz sostuvo que la medida busca establecer una “ventana de tiempo” para que las personas que mantienen compromisos con sus acreedores puedan reorganizar su situación y encontrar alternativas para cumplir con sus obligaciones.
La legisladora aclaró que la norma no modifica las deudas existentes ni altera su capital o intereses. Según explicó, la herramienta apunta exclusivamente a suspender temporalmente las ejecuciones de las garantías prendarias.
En ese sentido, consideró que la medida busca “armonizar” las tensiones entre acreedores y deudores, en un contexto económico que dificulta que muchas familias puedan incrementar sus ingresos y afrontar sus compromisos.
Ortiz también hizo referencia al crecimiento del endeudamiento de los hogares a nivel nacional y sostuvo que muchas personas recurren actualmente al crédito para afrontar necesidades básicas y elementales.
“Los argentinos hoy se endeudan cubriendo necesidades básicas y elementales”, afirmó la diputada, quien remarcó que la situación no puede ser analizada únicamente como una relación entre privados, sin contemplar el contexto económico que atraviesan las familias.
Como ejemplo, mencionó a trabajadores que perdieron su fuente laboral y que, tras recibir una indemnización, pudieron destinar esos recursos a iniciar una actividad comercial o generar una nueva fuente de ingresos.
La ley tendrá una vigencia de 180 días y busca generar un período de tiempo para que los deudores puedan reorganizar sus economías y negociar alternativas con sus acreedores, sin que ello implique eliminar o modificar las obligaciones contraídas.
