El presidente Javier Milei volvió a cuestionar la legalización del aborto en Argentina y vinculó directamente la interrupción voluntaria del embarazo con la fuerte caída de la natalidad que atraviesa el país.
Durante su discurso en el Council of the Americas, Milei sostuvo que Argentina está pagando “muy cara la locura de los pañuelitos verdes” y afirmó que la disminución de los nacimientos tiene consecuencias sobre el crecimiento económico, el sistema previsional y la disponibilidad de capital humano.
Sin embargo, los datos oficiales muestran que la caída de la natalidad comenzó varios años antes de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en diciembre de 2020.
Según registros de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), en 2014 se registraron 777.012 nacidos vivos en Argentina. Para 2020, la cifra ya había descendido a 533.299, lo que representa una reducción del 31,4% antes de la entrada en vigencia de la ley. En 2024, último año con datos disponibles, se contabilizaron 413.135 nacimientos.
El fenómeno tampoco es exclusivo de Argentina. Especialistas señalan que la reducción de los nacimientos responde a múltiples factores sociales, económicos, culturales y laborales, entre ellos el aumento de la edad a la que se tiene el primer hijo, cambios en los proyectos de vida, dificultades para conciliar trabajo y crianza y un mayor acceso a métodos anticonceptivos.
En este contexto, la Lic. Marta Llanos, coordinadora de Salud Sexual, Género y Diversidad, analiza el planteo del Presidente y pone el foco en las políticas de salud sexual y reproductiva, el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos y las condiciones que atraviesan las personas a la hora de decidir si tener hijos, cuándo hacerlo y cuántos hijos tener.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la baja natalidad en Argentina y sus causas, pero también sobre el derecho a decidir sobre la propia reproducción y el rol de las políticas públicas frente al cambio demográfico.
La Ley 27.610 permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive y contempla además determinadas causales después de ese plazo.
Así, mientras Milei atribuye parte de la crisis demográfica a la legalización del aborto, los registros estadísticos muestran que el descenso de los nacimientos es anterior a la aprobación de la norma y forma parte de una tendencia demográfica más amplia.
