Diego Hartfield, extenista profesional y actual diputado nacional de La Libertad Avanza, quedó en el centro de una discusión sobre el financiamiento estatal al deporte luego de defender la reducción de subsidios a clubes.
Durante una intervención en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, Hartfield cuestionó la dependencia de los clubes de la asistencia estatal y sostuvo que “vivir de subsidios puede tener sus costos”.
Sus declaraciones generaron cuestionamientos desde la oposición, que puso el foco en su propia historia deportiva: cuando tenía 16 años, Hartfield recibió una beca que le permitió instalarse en Buenos Aires y vivir durante dos años en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).
El apoyo estatal formó parte de su etapa de formación como tenista. Años después, Hartfield llegó al puesto 73 del ranking mundial de la ATP, disputó Roland Garros y enfrentó a Roger Federer.
El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el rol del Estado en el deporte, especialmente en las etapas de formación. La discusión no se limita a los subsidios a los clubes, sino también a las herramientas que permiten que jóvenes deportistas puedan acceder a infraestructura, alojamiento y entrenamiento para llegar al alto rendimiento.
El caso de Hartfield plantea así una pregunta que atraviesa al deporte argentino: ¿el acompañamiento estatal es un gasto o una inversión para formar a los futuros representantes del país?
