En diálogo con el equipo de Aquí & Ahora, el secretario general de UTHGRA La Rioja, Luis Cuello, denunció que más del 45% de los empresarios del sector gastronómico y hotelero acumulan deudas de hasta dos años en los aportes sindicales y de la obra social, una situación que asfixia la cobertura de tratamientos esenciales como oncológicos y para diabetes.
Durante la entrevista con el programa, Luis Cuello remarcó que la situación financiera de la cobertura médica “no da para más”. El dirigente sindical explicó que, mientras algunos empleadores registran retrasos menores, existen casos de una morosidad alarmante con deudas que se extienden por un año, año y medio o incluso dos años. Según precisó, cerca de la mitad de los empresarios del sector retienen los aportes de los haberes de sus trabajadores pero no realizan las transferencias correspondientes a las cajas de la institución.
Esta retención indebida impacta de manera directa en la sustentabilidad de la atención médica, poniendo en riesgo la cobertura de pacientes con patologías complejas. Cuello señaló que, si bien la entidad gremial está legalmente obligada a cumplir con el Plan Médico Obligatorio, la falta de recursos complica enormemente el sostenimiento de tratamientos para afiliados oncológicos y diabéticos. En este sentido, advirtió que de continuar la tendencia, la institución se encamina a un escenario límite donde peligrará la capacidad de brindar estas prestaciones indispensables.
Frente a este escenario de incumplimiento masivo, el titular de la seccional local confirmó que ya se han iniciado las medidas legales correspondientes. Tras intentar instancias de diálogo y ofrecer planes de pago, el sindicato avanzó con el envío de cartas documento y la presentación de demandas penales contra los deudores más reticentes, tras haber entregado un listado detallado de los morosos a la cámara hotelera. Por último, el dirigente apuntó también contra el Estado nacional, al denunciar que la falta de giro de fondos provenientes de la recaudación y de los recuperos por discapacidad por parte de la Superintendencia profundiza la asfixia financiera que sufren todas las obras sociales del país.
