Gabriela Sosa, directora ejecutiva de MuMaLá Nacional, dialogó con el equipo de Medios Provincia y expresó su preocupación por las cifras de violencia de género registradas en Argentina durante los primeros nueve meses de 2026.
Según el relevamiento de la organización, hasta el 30 de septiembre se contabilizaron 200 femicidios y 654 intentos de femicidio en el país. Sosa explicó que los intentos registrados corresponden a situaciones que tomaron estado público a través de los medios de comunicación, generalmente debido a la gravedad de las lesiones o a la hospitalización de las víctimas.
“Son 200 mujeres asesinadas por razones de género y 654 situaciones en las que se intentó asesinarlas”, señaló Sosa al dimensionar el alcance de las cifras relevadas.
Otro de los aspectos que genera preocupación en MuMaLá es el bajo porcentaje de víctimas que habían realizado una denuncia previa contra su agresor. De acuerdo con la organización, durante los últimos meses este indicador se ubicó entre el 9% y el 12%, al que consideran un piso histórico.
Para Sosa, este dato debe ser analizado en relación con las dificultades que atraviesan las mujeres para acceder a mecanismos de prevención y asistencia. En ese sentido, vinculó la situación con el recorte de campañas de prevención e información, la falta de ayudas económicas y los discursos que, según sostuvo, contribuyen a naturalizar o negar situaciones de discriminación y violencia.
La dirigente de MuMaLá también remarcó que la responsabilidad principal frente a esta problemática corresponde al Estado y señaló que los medios de comunicación pueden realizar aportes, pero no reemplazar las políticas públicas destinadas a la prevención, asistencia y protección de las víctimas.
En esa línea, Sosa cuestionó el impacto que, según su mirada, tienen las políticas nacionales sobre los recursos disponibles en las provincias y municipios, especialmente en materia de programas, presupuesto y personal especializado.
“No es un problema individual”
Frente a situaciones de violencia, Sosa destacó la importancia de que las mujeres puedan recurrir a personas de confianza y organizaciones de sus comunidades para atravesar los procesos de denuncia y acceso a la justicia acompañadas.
“Es importante organizarse y buscar el apoyo de las organizaciones que hay en cada comunidad”, sostuvo, y recomendó realizar los trámites y denuncias junto a personas de confianza cuando sea posible.
La dirigente explicó que este acompañamiento también permite comprender que la violencia de género no constituye un problema individual o doméstico, sino una problemática social que requiere respuestas institucionales.
Además, señaló que muchas mujeres enfrentan múltiples factores que dificultan la posibilidad de alejarse de un agresor, entre ellos el temor, la dependencia económica, los vínculos familiares y sociales, y el aislamiento provocado por el propio agresor.
En ese sentido, remarcó que las dudas o los regresos a una relación violenta no deben ser juzgados, sino comprendidos dentro del denominado ciclo de la violencia y abordados mediante acompañamiento y respuestas de los organismos estatales.
Sosa insistió en la necesidad de fortalecer los dispositivos provinciales y municipales destinados a la prevención y atención de las violencias de género y recordó que, ante la ausencia de herramientas locales específicas, continúan vigentes las obligaciones establecidas por la legislación nacional.
