Christian Somer, especialista en derecho internacional, se refirió así al fallo que ordena al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera.
En CNN Primera Mañana, explicó que “Argentina va a apelar como ya lo hizo en el fallo que se dictó en 2003”, con el objetivo de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revise si corresponde autorizar o no el embargo de acciones.
Recordó que la causa se originó tras la expropiación de YPF en 2012, cuando “los accionistas minoritarios vendieron su reclamo a un fondo de abogados que demandó al país ante Estados Unidos”.
En 2023, la jueza Loretta Preska falló contra Argentina, al considerar que el país violó el Estatuto de YPF y las reglas jurídicas del Estado de Nueva York.
Remarcó que “la sentencia indica que en 15 días se tiene que hacer el traspaso de las acciones”, y por eso el gobierno solicitará la suspensión de la ejecución mientras se tramita la apelación.
El especialista en derecho internacional aseguró que el Departamento de Estado de Estados Undios había pedido que las acciones de Argentina fueran consideradas bienes soberanos protegidos. Sin embargo, la jueza rechazó el planteo al considerar que “aunque las acciones pertenecen al Estado, fueron gestionadas con un fin comercial”, y por lo tanto no están cubiertas por la inmunidad soberana.
Detalló que “el Estado fue soberano al ir a Nueva York a hacer las ofertas de las acciones, y por lo tanto está sujeto a las leyes de Nueva York” y afirmó que aún existe la posibilidad de que “la corte del distrito pueda revertir la decisión de la jueza Preska”.
En total, el paquete accionario a transferir representa unos 6 mil millones de dólares, aunque la deuda acumulada con intereses asciende a 16 mil millones, con un incremento diario de entre 2 y 3 millones de dólares.
Finalmente, Christian Somer subrayó que a los acreedores no les interesa quedarse con las acciones, sino que buscan cobrar y aseguró que el caso plantea un interrogante clave que es “¿cuál es la credibilidad de Argentina ante los fallos que se generan en el extranjero?”.
