Por Gabriel Miranday
Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, se presentó ante el juez federal Sebastián Casanello para realizar un breve descargo oral. Lo hizo en el marco de una causa que lo involucra directamente en una denuncia gravísima: el fiscal Franco Picardi lo acusa de haber sido parte de una organización criminal montada dentro del Estado para desviar fondos públicos.
Según la investigación, desde diciembre de 2023 se habría conformado una estructura paralela a la agencia oficial, operando desde countries donde residían varios de los funcionarios implicados. El objetivo: robar. Pero no de cualquier manera. Robar desde el lugar más cruel posible: la discapacidad.
Mientras esta red desviaba recursos, se les negaban beneficios a personas con tratamientos oncológicos, necesidades de prótesis, medicamentos y asistencia básica. El saqueo no era solo económico: era humano. Se jugaba con la salud, la dignidad y la vida de quienes más necesitan del Estado.
Los escritos judiciales revelan que Miguel Calvete tenía en su poder documentación clave que lo vincula como uno de los organizadores de esta agencia paralela. Las pruebas son contundentes y están siendo ventiladas en sede judicial.
Este no es solo un caso de corrupción. Es una muestra brutal de cómo el poder, cuando se deshumaniza, puede convertirse en una maquinaria de crueldad. La Justicia debe actuar con firmeza. Y la sociedad, con memoria
