El Gobierno nacional evalúa avanzar con un nuevo recorte del empleo público que podría alcanzar al 10% de la planta estatal, mientras que ATE amenaza con adelantar el paro previsto para el debate de la reforma laboral. La tensión entre la Casa Rosada y los gremios vuelve a escalar en medio de un contexto de fuerte ajuste.
Aunque el Ejecutivo aún no definió una cifra oficial, en ámbitos gubernamentales reconocen que el recorte podría rondar los 28.000 puestos. La meta apunta esta vez a organismos descentralizados, entre ellos ARCA, Anses, Indec y la Oficina Anticorrupción, donde se proyectan las reducciones más profundas.
El último informe del Indec registró 285.570 empleados en la administración pública nacional, incluyendo empresas y sociedades del Estado. En septiembre, la gestión de Javier Milei ya había dado un golpe fuerte al desvincular a más de 58.000 trabajadores, principalmente en áreas centralizadas.
ATE endurece su postura
La posibilidad de un nuevo recorte provocó el inmediato rechazo de la Asociación de Trabajadores del Estado. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó a Federico Sturzenegger como “un ser siniestro” y advirtió que los estatales “también vamos por él”. El gremio evalúa adelantar el paro nacional como forma de presión.
Aguiar sostuvo que el ajuste no responde a necesidades fiscales sino a una motivación “ideológica”. Señaló que los trabajadores contratados representan “menos del 0,5% del presupuesto”, mientras que la deuda externa supera el 25%. Para el dirigente, el Gobierno “no quiere destruir el Estado, sino moldear uno al servicio de los grandes grupos económicos”.
Si el nuevo recorte se concreta, unas 28.000 personas podrían quedar fuera de la administración pública en 2026, abriendo un nuevo frente social y político para el Gobierno en plena discusión por las reformas estructurales.
