Del “corralito” de Cavallo a la represión sangrienta de Plaza de Mayo, un repaso por las causas que empujaron al país al abismo. Cuando las recetas económicas del pasado regresan, recordar los nombres de las víctimas se vuelve un acto de defensa del presente.
Hay fechas que no se guardan en la memoria: se quedan al acecho. No envejecen, no se cierran, no aceptan el archivo prolijo del pasado. Vuelven. Aparecen cuando la historia empieza a parecerse demasiado a sí misma. No porque alguien fuerce analogías, sino porque los rasgos son inquietantemente similares.
El 19 y 20 de diciembre de 2001, la Argentina se rompió. Y nos dejó una certeza tan tranquilizadora como falsa: que eso no podía volver a pasar, que nadie volvería a creer el mismo cuento narrado en tonos diferentes.
Se suponía que atrás quedaban las promesas inconclusas de la “Revolución Productiva”, de las relaciones carnales con Estados Unidos y del uno a uno presentado como la salvación eterna y jamás consolidada.
Pero la historia no se va: se analiza, se desmenuza, se conoce. Y cuando las respuestas a los problemas de siempre vuelven a ser recetas que ya fracasaron —y ni siquiera se reconoce ese fracaso—, la memoria deja de ser nostalgia para convertirse en advertencia. Hoy las alarmas están encendidas, en alerta. Porque aun con muchos de los testigos vivos, el recuerdo ya no parece funcionar como prevención. Algunos datos precisos señalan que podríamos estar avanzando para chocar con la misma piedra con la que impactamos varias veces. Es que Diciembre de 2001 huele a una economía convertida en trampa.
Es cierto que el punto de no retorno fue el corralito, anunciado el 2 de diciembre por el ministro de Economía Domingo Cavallo que restringió el acceso de la gente a su propio dinero a $250 pesos o su equivalente en dólares de modo semanal. Pero creer que todo empezó ahí es una forma cómoda de mentirse.
El estallido venía gestándose desde hacía años. Latía. Se incubaba en una recesión prolongada, en el desempleo estructural que empujaba a millones a la pobreza, en el endeudamiento constante bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional que en el afán de demorar la agonía desembocó en el afamado Megacanje de Sturzenegger, y en el Blindaje. Solo tretas para alargar plazos en la tragedia que se avecinaba.
Los años noventa habían sido los de formación del movimiento piquetero moderno, cuando en junio de 1996 los despedidos de la privatizada YPF cortaron la Ruta Nacional 22. Desde entonces, la protesta social fue permanente. En el intento de frenar el impulso obrero se instaló la idea de criminalizar la protesta por lo que la justicia penal declaró ilícitas las manifestaciones habilitando la represión nacional o provincial a través de Policía o Gendarmería. El resultado fue tan previsible como sangriento: varios trabajadores fueron asesinados mientras reclamaban. Una maquinaria imposible de detener una vez puesta en marcha y que incrementaría su violencia con el paso del tiempo.
El 29 de noviembre de 2001 fue el principio del fin.
El FMI negó un nuevo desembolso y la fuga de capitales terminó de hundir al sistema bancario. El Blindaje Económico —anunciado con euforia el 22 de diciembre de 2000 por el gobierno de Fernando de la Rua, por una cifra cercana a los 40 mil millones de dólares— no estabilizó nada. Muy por el contrario profundizó la crisis. Solo se pagó deuda y, a cambio, se nos exigió más ajuste. Los expertos del Fondo Monetario pedían avanzar en la reestructuración de PAMI y ANSES poniendo en jaque no solo la edad jubilatoria, que pretendían aumentar, sino también la eliminación de la Prestación Básica Universal.
El clima social se tornó irrespirable. El corralito se convirtió en el manotazo de ahogado para frenar la fuga por goteo, reteniendo los depósitos de los ciudadanos. Siempre quedó flotando una sospecha nunca despejada: los mas adinerados, aquellos con contactos, habían podido fugar o rescatar su dinero antes de la medida, manejando información privilegiada, lo que a todas luces constituía un delito. Pero a nadie pareció importarle.
Fuente: C5N
