La Confederación General del Trabajo (CGT) inició en los primeros minutos de este jueves su cuarto paro general contra la gestión del presidente Javier Milei, con el objetivo de “paralizar el país” en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso.
La medida de fuerza, que se extenderá durante 24 horas, genera una jornada de actividad mínima debido a la adhesión total del transporte público: no circulan colectivos, trenes, subtes ni vuelos. En paralelo, el Congreso de la Nación Argentina mantiene su actividad con la sesión en la Cámara de Diputados.
Bajo la consigna de que “la Argentina se paralizará de punta a punta”, la conducción sindical busca marcar un límite al avance del proyecto oficial, que ya cuenta con media sanción y que, tras la eliminación de artículos polémicos como el régimen de licencias, se encamina a su aprobación y posterior regreso al Senado la próxima semana.
Dos estrategias frente al Congreso
A diferencia de la conducción oficial de la CGT, que ratificó una huelga sin movilización de bases, un bloque de gremios considerados “duros” —como la UOM, Aceiteros y Pilotos— junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y partidos de izquierda, decidió reforzar la protesta con una movilización frente al Congreso.
Esta división de estrategias se da mientras los legisladores analizan el proyecto impulsado por el Ejecutivo, en una jornada clave para el futuro de la reforma laboral.
El reclamo sindical
Desde la sede de Azopardo, Jorge Sola, secretario del Seguro e integrante del triunvirato cegetista, aclaró que el sector no rechaza una reforma en sí, “pero sí perder derechos adquiridos”.
Por su parte, Hugo Godoy, titular de la CTA Autónoma, cuestionó la constitucionalidad del tratamiento legislativo y denunció la falta de debate:
“A las representaciones sindicales de millones de trabajadores solamente nos otorgan cinco minutos para abordar un tema de más de 200 artículos”.
El impacto del paro en el interior del país
En La Rioja
En La Rioja, el paro afecta al transporte, la actividad bancaria y otros servicios. El servicio de colectivos de Rioja Bus permanece suspendido por 24 horas en Capital, Chilecito y el interior provincial, debido a la adhesión total de empresas públicas y privadas.
El Nuevo Banco Rioja informó que no habrá atención al público en ninguna de sus sucursales al adherir al paro nacional convocado por la Asociación Bancaria. En contraste, las estaciones de servicio no se sumaron a la medida y garantizan el abastecimiento de combustibles.
Un país con impacto desigual
El paro general mostró un escenario fragmentado a nivel nacional, con realidades diversas según la provincia.
En Rosario, la adhesión del transporte urbano fue total, con colectivos fuera de circulación y escaso movimiento vehicular. El Gobierno de Santa Fe informó que no descontará el día a los trabajadores que no puedan asistir por falta de transporte.
En Tucumán, el paro afectó al transporte, bancos y recolección de residuos. Los gremios docentes adhirieron a la medida y se registraron movilizaciones hacia Plaza Independencia. Además, se denunciaron ataques a unidades de colectivos que intentaron circular. El gobernador Osvaldo Jaldo cuestionó la efectividad de la protesta y sostuvo que “los paros no aportan soluciones”.
En Mendoza, el transporte público y los servicios funcionaron con normalidad. El Ejecutivo provincial advirtió que descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro y confirmó que la Casa de Gobierno permanecerá operativa.
En Salta, la adhesión fue amplia: no hubo colectivos urbanos ni interurbanos, los bancos permanecieron cerrados y se suspendieron actividades universitarias y servicios públicos.
El escenario post-paro
Desde el sindicalismo ya anticiparon que, si el proyecto se convierte en ley, avanzarán por la vía judicial. Aunque el Gobierno aceptó excluir algunos puntos sensibles para las organizaciones gremiales, como la cuota sindical, el malestar persiste por los cambios estructurales propuestos en la legislación laboral.
Se trata de la primera huelga general que enfrenta el Gobierno tras los avances legislativos logrados con la Ley Bases, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero organizado.
