Asociaciones, profesionales y familiares se congregaron frente al Ministerio de Salud en reclamo de los fuertes recortes y ajustes en el sector. A su vez, exigieron el cumplimiento de la legislación aprobada por ambas cámaras en el Congreso. “Mis hijas están sin terapia, no tienen nada”, aseguró a C5N una madre afectada.
En el mismo sentido, denunció: “Se quiere recortar el incremento que está en la ley por ajuste de inflación. Los transportistas están dejando de llevar a los chicos. Las instituciones no pueden hacer frente porque les están pagando $28 mil por mes. La situación es insostenible. Es una vergüenza. Mis estudiantes me están ayudando a juntar pañales para donar”.
Por su parte, Luana, mamá de un menor con discapacidad, relató la dramática situación que atraviesa por el no cumplimiento de la normativa. “Estoy luchando y apoyando esta causa porque peligra todo, la continuidad de los colegios especiales, las terapias, el nomenclador. Nos dejan a la deriva. Es una vergüenza”.
“Le están vulnerando todos los derechos a mi hijo. No hay que pensar en lo individual. Esto es algo que ganamos entre todos y no tenemos que perderlo. Quieren destruir el sistema”, completó la mujer a C5N.
Qué plantea la nueva Ley de Discapacidad impulsada por el Gobierno
El eje central de la ley está en el empadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por discapacidad. Los destinatarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. De no hacerlo, la pensión sería suspendida de forma automática.
La norma contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.
Aún cumpliendo ese paso, la información proporcionada será fiscalizada a partir de un cruce de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante casos dudosos, suspenderán igual la pensión de forma “preventiva”.
A su vez, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 la dejaría sin efecto y retrotraería la situación a meses atrás. El Gobierno ya no tendría la obligación de aplicarla y cumplirla.
Fuente: C5N
