El ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de modificar el sistema de subsidios para los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que deben trasladarse en media y larga distancia.
En diálogo con el equipo de Medios Provincia, el politólogo calificó la medida como “una barbaridad” y explicó que hasta ahora existía un sistema mediante el cual las empresas de transporte otorgaban los pasajes gratuitos y el Estado nacional subsidiaba esos viajes a través de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
“Las personas con discapacidad o quienes tienen enfermedades graves y necesitan trasladarse accedían a pasajes gratuitos. Las empresas los otorgaban y el Estado subsidiaba esos pasajes”, señaló Arroyo.
Según explicó, el Gobierno decidió desmantelar ese esquema y trasladar toda la responsabilidad a las empresas de transporte. “Ahora las empresas tendrán que hacerse cargo con sus propios recursos y claramente van a dar menos pasajes. Si antes ya era difícil acceder, ahora será mucho peor”, afirmó.
Arroyo sostuvo además que la falta de subsidios implicará también una menor fiscalización estatal. “El Estado no va a controlar nada porque ni siquiera está financiando el sistema. Ya hoy se les pide a las personas cada vez más requisitos: anticipación de 72 horas, envío de mails y distintos trámites. Todo eso va a empeorar”, advirtió.
En ese marco, el ex funcionario también cuestionó el rol actual de la Agencia Nacional de Discapacidad y sostuvo que el organismo “se ha corrido de sus funciones principales”.
“La Agencia Nacional de Discapacidad tiene que tener tres roles fundamentales: garantizar el acceso a medicamentos, terapias, traslados y pensiones; generar condiciones para los sistemas de cuidado y acompañamiento; y regular y sancionar cuando empresas de transporte, obras sociales o prepagas no cumplen con sus obligaciones”, explicó.
Arroyo remarcó además el impacto económico y social que atraviesan muchas familias. “Una familia donde hay una persona con discapacidad tiene habitualmente un 30% más de gastos por toda la red de cuidados y acompañamiento que requiere. Además, muchas veces un integrante de la familia no puede trabajar porque debe dedicarse al cuidado permanente”, señaló.
Asimismo, aseguró que actualmente las personas con discapacidad y sus familias se encuentran “desamparadas”. “Hoy la Agencia es apenas una secretaría dentro del Ministerio de Salud y las personas quedaron prácticamente a la buena de Dios”, expresó.
El ex funcionario remarcó que la asistencia a personas con discapacidad “es una responsabilidad del Estado” y aseguró que se trata de una política implementada en distintos países del mundo, independientemente de la orientación política de los gobiernos.
“No es un invento argentino. En todo el mundo existen mecanismos de apoyo para garantizar derechos de las personas con discapacidad y de quienes atraviesan enfermedades graves”, expresó.
También alertó sobre la situación general del sector y aseguró que muchos espacios vinculados a la discapacidad atraviesan una crisis profunda. “Las personas no acceden a medicamentos, a terapias ni a traslados. Los hogares, centros de vida y escuelas especiales están sostenidos con enormes dificultades y muchos están a punto de cerrar”, indicó.
Por último, recordó que la normativa contempla específicamente a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y a quienes deben viajar por tratamientos médicos complejos, como tratamientos oncológicos.
“La ley establece claramente que estas personas tienen derecho a acceder a los pasajes gratuitos porque muchas veces necesitan trasladarse de manera permanente para atender situaciones realmente graves”, concluyó.
