El Consejo Interuniversitario Nacional prevé firmar la propuesta oficial sobre una recomposición salarial, pero no retirará la demanda ante la Corte por la aplicación de la ley vigente. Ante este escenario, el Ejecutivo busca encuadrar la discusión del esquema de partidas dentro del Presupuesto.
El Gobierno planea insistir con una nueva Ley de Financiamiento Universitario más allá del acuerdo que negocia con los rectores para recomponer salarios y reforzar partidas durante 2026. En la Casa Rosada sostienen que la oportunidad para volver a discutir el esquema será durante el tratamiento del Presupuesto 2027, como ya intentaron hacerlo durante la votación de las asignaciones de 2026.
La lógica del Ejecutivo parte de un escenario judicial abierto: si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, la administración de Javier Milei quedará obligada a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que el oficialismo cuestiona por no identificar una fuente específica de financiamiento. En Balcarce 50 advierten que ese eventual fallo se daría en un contexto de ajuste fiscal, menor margen de recaudación e intención de sostener el superávit.
Las universidades, por ahora, no retirarán la demanda judicial. En el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que el acuerdo económico en negociación no implica desistir del reclamo ante la Corte. El expediente sigue bajo análisis del máximo tribunal después de que el Ejecutivo presentara un recurso extraordinario contra la cautelar que había favorecido a las casas de estudio.
El acuerdo entre el Gobierno y el CIN está previsto para este martes por la tarde, aunque en despachos oficiales aclaran que todavía no hay una definición cerrada. En Nación sostienen que siguen las conversaciones sobre los términos finales del acta, el alcance de la recomposición y la forma legal de dejar constancia del entendimiento sin que implique retirar el reclamo judicial.
Fuente: TN
