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Cuestión de privilegio contra Diego Molina Gómez: podría derivar en sanciones e incluso una destitución

El presidente del bloque justicialista en la Legislatura de La Rioja y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cristian Pérez, se refirió a la cuestión de privilegio presentada contra el diputado Diego Molina Gómez y explicó cuáles son los pasos institucionales que establece el reglamento interno del cuerpo.

La presentación fue impulsada por el propio Pérez junto a la diputada Gabriela Rodríguez, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes solicitaron que se analicen los hechos denunciados y se determine si corresponde la aplicación de alguna sanción.

Pérez señaló que, ante la presentación de una cuestión de privilegio, la normativa legislativa contempla distintas alternativas de resolución, que dependen de la gravedad de los hechos analizados y de los argumentos que presente el legislador involucrado durante su defensa.

En ese sentido, recordó que existen antecedentes dentro de la Legislatura, como el caso de la diputada Reynoso, donde se aplicaron medidas disciplinarias en el marco de procedimientos similares.

Según explicó el legislador, las sanciones previstas pueden ir desde advertencias y suspensiones hasta la destitución del cargo, en los casos de mayor gravedad y siempre respetando el debido proceso.

Por otra parte, confirmó que en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocado Molina Gómez para que pueda ejercer su derecho de defensa y brindar las explicaciones que considere pertinentes sobre los hechos cuestionados.

Una vez cumplida esa instancia, la comisión analizará la información reunida y elaborará un dictamen que será puesto a consideración de la Legislatura para la definición correspondiente.

“El reglamento establece claramente cuáles son los mecanismos y las posibles sanciones. Ahora corresponde escuchar al diputado, evaluar su descargo y actuar conforme a lo que determine la comisión”, sostuvo Pérez.

De esta manera, el proceso continuará en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tendrá a su cargo el análisis del caso antes de cualquier decisión definitiva por parte del cuerpo legislativo.

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