Dina Boluarte acaba de cumplir su primer año como presidenta, con una bajísima aprobación del 11%, siendo rechazada por el 84% de la población.
Miles de personas se manifestaron al grito de “que se vayan todos” para rechazar al Gobierno interino de Dina Boluarte y a muchos miembros del Congreso, mientras los detractores también piden que se anule la liberación del expresidente Alberto Fujimori, concedida por el Tribunal Constitucional.
Este político de 85 años cumplía una condena de 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, pero obtuvo el indulto por supuestas “razones humanitarias”. Vale aclarar que el fujimorismo todavía tiene mucha influencia en distintos poderes del Estado y una presencia considerable en el Legislativo.
Fujimori fue considerado culpable de la masacre de 15 personas en Barrios Altos, una zona popular de Lima, sumado a la desaparición y ejecución de 10 estudiantes de la Universidad de La Cantuta.
Se trata de casos históricos a nivel judicial, porque mientras reinaba la impunidad en Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por violar el derecho a la verdad, al no investigar los crímenes. Después, la Justicia peruana sí condenó a Fujimori. Y ahora que él está libre otra vez, la CIDH afirma que el tribunal peruano está en desacato.
Esta situación le echó más leña al fuego, y aumentó el malestar en algunos sectores de la sociedad, pero sobre todo en familiares de las víctimas. Así, se plegaron a las recientes manifestaciones, bajo el lema: “Indulto, es igual a insulto”.
En esas protestas, convocadas por sindicatos y agrupaciones universitarias, incluso se pidieron nuevas elecciones generales y que se investiguen las muertes de fallecidos en movilizaciones contra el actual Gobierno.
Boluarte acaba de cumplir su primer año como presidenta, con una bajísima aprobación del 11%, siendo rechazada por el 84% de la población, según la consultora Datum Internacional.
En medio de la conflictividad social, Perú atraviesa un proceso de recesión económica. En el mejor de los casos, los analistas estiman que podrían cerrar el 2023 con una caída del 0,5 % del PBI.
Pero, ¿cómo llegó Boluarte a la Presidencia? Primero, veamos el contexto, porque la democracia peruana atraviesa una clara fragilidad. Ya sea por causas de presunta corrupción, o enfrentamientos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el país andino afrontó seis cambios de Gobierno desde el 2018.
A fines del 2022, el presidente izquierdista Pedro Castillo sabía que el Congreso le era adverso. Y, considerando lo que pasó con mandatarios anteriores, temía que intentaran destituirlo.
Sorpresivamente, Castillo ordenó disolver el Congreso, algo que la prensa local tildó de “autogolpe”. La jugada le salió mal: el jefe de Estado fue expulsado del Gobierno y enviado a prisión, donde aún permanece.
Automáticamente, la entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, tomó su lugar, y se convirtió en la primera mujer en dirigir al país andino.
Ni bien asumió el cargo, se desataron importantes protestas en distintas regiones del país, y en total ya hubo casi 50 muertos. Ahora, la Fiscalía investiga a Boluarte, por los presuntos delitos de lesiones graves y homicidio calificado durante la represión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya dijo que hubo un “uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”. Y agregó que las muertes ocurridas en Ayacucho podrían considerarse como una masacre.
Mientras avanzaban los primeros meses de gestión, Boluarte instaba al Congreso a llamar a elecciones para el 2024, obteniendo el rechazo del Poder Legislativo. Incluso llegó a criticar a congresistas que pretendían quedarse con sus bancas unos años más, pese al descontento popular.
Sin embargo, esta idea se fue diluyendo y en junio Boluarte descartó el asunto. Dijo que las elecciones eran un tema cerrado y que pretende gobernar hasta julio del 2026. Resta ver qué pasará en las calles en las próximas semanas, con Fujimori en libertad y el creciente malestar social.
FUENTE: C5N
