El Secretario de Comercio, Pablo Lavigne tomó la decisión de derogar la Ley N° 27.521, mejor conocida como la Ley de Talles, con el objetivo de ampliar la libertad de mercado.
La normativa establecía que la totalidad de la indumentaria destinada a la población debería ser fabricada, confeccionada y comercializada de acuerdo a los talles estandarizados, según las medidas corporales de la población argentina fundamentadas en estudios antropométricos.
A pesar de todo la implementación de la Ley nunca se concretó, ya que no se constituyó el cuerpo consultivo encargado de analizar la información recolectada durante el estudio antropométrico.
