Así lo establece la ley sancionada ayer jueves por el Senado; la bandera deberá estar a media asta en edificios públicos y se promoverá la realización de actividades conmemorativas en las escuelas.
A dos semanas de que se cumplan 30 años del ataque terrorista, el Senado sancionó por unanimidad una ley que declara Día de Duelo Nacional a los días 18 de julio de cada año, en conmemoración y recuerdo del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que, en 1994, arrojó un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
La nueva norma, que había sido aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados, establece que cada 18 de julio la bandera deberá permanecer izada a media hasta en todos los edificios y lugares públicos, y ordena al Ministerio de Educación a que, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias, arbitre las medidas para que en todos los establecimientos de los niveles primarios y secundarios, ya sean de gestión estatal como privada, se organicen actividades conmemorativas al hecho.
En medio de la unanimidad con la que fue aprobada la iniciativa se destacó el discurso del senador del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce, quien recordó su experiencia como médico del Hospital Fernández, en el barrio porteño de Palermo, en la atención de los heridos provocados por el atentado a la Embajada de Israel, ocurrido dos años antes.
“Un total de 242 heridos atendimos en el Hospital Fernández”, rememoró Arce. “Hoy, las vueltas de la vida me hace legislar algo que está muy cerca y ligado al atentado a la Embajada de Israel, como es el ataque a la sede de la AMIA”, completó el senador, ya con la voz quebrada por la emoción.
Durante la breve discusión del proyecto se recordaron también los vaivenes judiciales que tuvo la causa por la investigación del ataque. Así lo destacó Alejandra Vigo (Unidad Federal-Córdoba), quien recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la Argentina a principios de este año por la falta de esclarecimiento del caso.
“A casi 30 años del atentado, la CIDH, en el caso Memoria Activa, condenó al Estado argentino por haber negado de la verdad histórica a los familiares de las víctima y a la sociedad toda”, dijo Vigo, para quien este hecho “pone en evidencia la falta de voluntad sobre el esclarecimiento de este hecho”.
El catamarqueño Guillermo Andrada (Unión por la Patria) habló para adherir a la sanción de la iniciativa, pero también para advertir sobre la necesidad de que haya un accionar transparente de la Justicia y de evitar que vuelva a ocurrir un hecho similar en el país.
“Es necesario establecer que debemos tomar las medidas de prevención necesarias y que es menester que la justicia actúe sin mala praxis, sin mala intención, que se llegue a los culpables para que se le dé tranquilidad a las víctimas y a sus familias”, afirmó Andrada.
El libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja) destacó que “a nadie le escapa el dolor que ha producido el atentado, ni su impacto internacional” al pedir la aprobación de la iniciativa.
Sumó su palabra el radical Rodolfo Suárez (Mendoza): dijo que el ataque del 18 de julio de 1994 es “una de las heridas más profundas que tiene la Argentina”, a lo que sumó “un dolor más, que es la impunidad”.
“El silencio que existe sobre este tema es muy doloroso porque implica la ineficacia de nuestras instituciones para encontrar a los culpables”, agregó el radical mendocino, quien consideró que “sancionar este proyecto es una manera de mantener la memoria activa”.