La Justicia busca pruebas del pago de sobreprecios ¿Sirven los audios como elementos probatorios? El debate judicial y qué más puede haber en las escuchas.
17 allanamientos, bloqueo del acceso a las cajas de seguridad de los involucrados, se les prohibió la salida del país y se inició el peritaje de sus teléfonos. Esas son las medidas que tomó la Justicia desde que se investiga la presunta corrupción en la compra de medicamentos que gestionó la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). Además, el periodista que difundió los audios del escándalo, Mauro Federico, entregó a la justicia el material original que recibió de sus fuentes, que incluye 50 grabaciones ya editadas.
Toda la atención está puesta -en principio- sobre la conducta del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la agencia, Daniel María Garbellini, la Droguería Suizo Argentina como persona jurídica, y sus directivos, los hermanos Emmanuel Kovalivker, Jonathan Kovalivker, y el padre de ambos, Eduardo Kovalivker.
El expediente se inauguró hace 7 días hábiles con una denuncia del abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón. El juez federal Sebastián Casanello delegó el impulso del caso al fiscal Franco Picardi. La documentación relacionada con la compra de medicamentos es analizada con la asistencia de la PIA, que es la oficina del Ministerio Público Fiscal especializada en detectar irregularidades en la Administración Nacional.
Antes de definir un eventual llamado a indagatoria de los responsables, quieren confirmar si hubo sobreprecios en la compra de medicamentos destinados al programa “Incluir Salud” (para personas sin cobertura médica) y si ese dinero se desvió para el pago de sobornos a funcionarios.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario hasta el jueves, aunque según pudo averiguar A24.com podría prorrogarse una semana más, lo que mantendría en reserva su contenido hasta después de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre.
Los encargados de la pesquisa admitieron que los sospechosos dejaron la impresión de tener poca voluntad en colaborar. Se refirieron a las vacilaciones para entregar sus teléfonos personales, revelar las claves para desbloquearlos, o incluso durante los procedimientos del viernes en la droguería, cuando se resistieron a entregar la prueba requerida por la justicia.
Como consecuencia de la actitud de la empresa para entregar el material que se estaba requiriendo en formato digital, tras casi 12 horas de procedimiento, la Policía de la Ciudad terminó secuestrando las computadoras y el servidor. Asimismo, pudimos saber que la fiscalía evalúa si impulsará sanciones para la compañía o para las personas que desoyeron la orden judicial.
Fuente: A24
