Según la presentación de la provincia que gobierna Ricardo Quintela, al 31 de mayo había más de $1 billón colocado en plazos fijos y letras del Tesoro, mientras que sólo el 26,2% de los fondos asignados durante la actual gestión fue destinado a obras viales.
El Gobierno de La Rioja se presentó ante la Justicia Federal para solicitar que la provincia sea aceptada como querellante en la causa que investiga el destino de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), fondos que tenían asignación específica para la construcción, conservación y mantenimiento de la red vial nacional y que, según la denuncia, fueron colocados en instrumentos financieros.
La presentación fue realizada por el gobernador Ricardo Quintela en representación del Estado provincial y apunta a determinar si en el manejo de esos recursos pudieron cometerse delitos como malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La eventual responsabilidad penal, de todos modos, deberá ser establecida por la Justicia.
La denuncia alcanza al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a funcionarios nacionales vinculados con la administración de los fondos. También incluye a autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y a funcionarios del Banco de la Nación Argentina que hayan intervenido en las operaciones cuestionadas.
Según la documentación incorporada al expediente, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 de recursos del SISVIAL colocados en instrumentos financieros, entre plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional. Para la Provincia, el volumen de las colocaciones y el tiempo durante el cual permanecieron allí constituyen un indicio de que los fondos fueron utilizados para un destino diferente del previsto por el régimen que los creó.
La presentación agrega que durante los primeros dos años y medio de la gestión de Milei se asignaron al SISVIAL alrededor de $1,5 billones, pero sólo unos $394.406 millones fueron efectivamente destinados a obras y mantenimiento vial. La Provincia calcula así una subejecución cercana al 73,8%.
El impacto sobre las rutas riojanas
Para La Rioja, el planteo judicial no se limita a cuestionar la administración de recursos nacionales. La Provincia sostiene que la falta de ejecución tuvo consecuencias concretas sobre su territorio y obligó al Estado riojano a utilizar fondos propios para sostener tareas que corresponden a la Nación.
Uno de los principales ejemplos señalados es la Ruta Nacional 76, un corredor estratégico para el oeste provincial y para la conexión internacional a través del Paso de Pircas Negras. Según la presentación, Vialidad Nacional dejó de renovar el convenio de Transferencia de Funciones Operativas que permitía a Vialidad Provincial realizar tareas de mantenimiento en determinados sectores.
Pese a ello, la Provincia continuó financiando los trabajos para garantizar la transitabilidad de la ruta. De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, durante la actual gestión nacional ese mantenimiento demandó una inversión cercana a los $900 millones de recursos provinciales.
A esto se suma la paralización de la pavimentación de la Ruta Nacional 76 en el sector de la Quebrada de Santo Domingo. La obra es considerada estratégica para las localidades del oeste riojano y para fortalecer la conexión con el Paso de Pircas Negras, con la mira puesta en el desarrollo de un corredor bioceánico hacia Chile.
La denuncia también advierte sobre el deterioro de las rutas nacionales 78, 79 y 141, donde se registran sectores con baches, deformaciones y falta de mantenimiento que afectan las condiciones de circulación y la seguridad vial.
Para el Gobierno riojano, existe una relación directa entre la baja ejecución de los fondos destinados específicamente a infraestructura vial y el deterioro de las rutas nacionales tanto en La Rioja como en otras provincias.
Fuente: Ámbito
