El Gobierno de Ricardo Quintela presentó en la Legislatura el proyecto de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2027. La iniciativa prevé gastos por $2.510.463 millones y recursos estimados en $2.533.912 millones, con un resultado financiero superavitario de $23.448 millones. Entre los puntos que sobresalen aparecen las autorizaciones para operaciones de crédito, la emisión de Letras del Tesoro y otros medios sucedáneos de pago, además de las metas previstas en materia de vivienda y obra pública.

El proyecto, ingresado el 30 de octubre de 2026, fue elaborado tomando como referencia las pautas macrofiscales del Gobierno nacional. Entre ellas, contempla una inflación estimada del 18% y un tipo de cambio nominal de $1.847,60 por dólar. En el mensaje de elevación, el Ejecutivo provincial plantea un escenario de restricciones financieras y cuestiona la disminución de los recursos nacionales que recibe La Rioja. También vuelve a sostener el reclamo por el equivalente al 1% de la coparticipación federal que la Provincia afirma haber perdido desde 1988 y que actualmente se encuentra judicializado.
Cómo se distribuyen los recursos
Del total de gastos previstos, $2,23 billones corresponden a gastos corrientes y $277.460 millones a gastos de capital. La mayor asignación está destinada a Servicios Sociales, con $1,247 billones, seguida por Administración Gubernamental, que concentra $940.866 millones. Más atrás aparecen Servicios Económicos, con $157.072 millones; Servicios de Seguridad, con $154.339 millones; y Deuda Pública, con $10.763 millones.
La distribución muestra el peso que tienen el funcionamiento de la administración y las políticas sociales dentro del esquema provincial. En materia de inversión, el Ejecutivo reconoce que la disponibilidad de recursos representa una limitación para la obra pública y plantea priorizar proyectos de mayor impacto, con especial atención a infraestructura sanitaria, educativa, vial y de servicios básicos.
Entre las obras mencionadas en la fundamentación aparece la continuidad del Hospital Regional de Chilecito, cuya construcción se proyecta con financiamiento del Fondo Fiduciario Federal y una inversión superior a los $6.000 millones. También se incluyen intervenciones en hospitales, centros de salud, escuelas, pavimentación y redes de infraestructura.
Vivienda: la meta de 500 unidades para 2027
Uno de los capítulos específicos del proyecto está dedicado a Vivienda, Tierras y Hábitat Social. Allí, el Gobierno plantea como objetivo entregar 500 viviendas nuevas durante 2027 y mejorar las condiciones habitacionales de familias que ya cuentan con una vivienda, pero presentan problemas sanitarios, de higiene o hacinamiento.
Dentro de la planificación se proyecta iniciar la construcción de 209 viviendas íntegramente financiadas con fondos FONAVI, en el marco del programa provincial de obras. También se prevé avanzar con la construcción y terminación de viviendas urbanizadas en terrenos estatales, vinculadas originalmente a programas nacionales como Casa Propia-Construir Futuro y Procrear II, además de finalizar unidades correspondientes al programa Reconstruir.
El plan incluye soluciones habitacionales para familias de bajos recursos mediante módulos, baños, cocinas, dormitorios, ampliaciones y refacciones. Para quienes poseen terrenos propios, se contemplan créditos hipotecarios destinados a construir o ampliar viviendas, así como créditos llave en mano y módulos habitacionales.
Otro de los ejes es la ejecución de lotes con servicios en Capital y el interior provincial, utilizando fondos FONAVI, para localizar futuros programas habitacionales. El documento también plantea avanzar en la regularización dominial, mejorar los mecanismos de inscripción y selección de postulantes y actualizar los registros de la demanda habitacional en los departamentos.
La iniciativa incorpora además la construcción de un modelo de hogar de tres dormitorios y políticas específicas para barrios populares, asentamientos y familias en situación de vulnerabilidad.
El capítulo financiero: Letras del Tesoro, medios de pago y endeudamiento
Uno de los artículos que seguramente concentrará parte de la discusión legislativa es el 14. Allí se establece un monto nominal de hasta $224.000 millones para la emisión de Letras del Tesoro de la Provincia y otros medios sucedáneos de pago durante 2027. El objetivo señalado es cubrir deficiencias estacionales de caja.
La redacción incorpora una referencia que abre interrogantes sobre los instrumentos que podría utilizar la Provincia. Si bien el proyecto no menciona expresamente los BOCADE ni los Chachos, la inclusión de otros medios sucedáneos de pago deja planteada la necesidad de conocer qué alternativas contempla el Ejecutivo y si existe la posibilidad de recurrir nuevamente a instrumentos de características similares.
El artículo 15, por su parte, autoriza a afectar o ceder derechos de la Provincia sobre recursos que debe percibir por coparticipación federal para garantizar las obligaciones vinculadas con esas operaciones.
A esto se suma el artículo 16, que habilita al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta $60.000 millones para asistir a distintos sectores de la economía provincial y financiar obras de infraestructura. Se trata de una autorización independiente de los $224.000 millones contemplados en el artículo 14.
En el esquema general, el proyecto también estima un endeudamiento público e incremento de otros pasivos por $1,35 billones. Es uno de los números que requerirá especial atención durante el tratamiento, particularmente para conocer su composición, destino y modalidades de financiamiento.
Control legislativo y otras disposiciones
Otro aspecto relevante aparece en el artículo 6, que propone crear una Comisión Especial de Actuación Permanente de Control y Seguimiento Presupuestario en el ámbito de la Cámara de Diputados. Tendrá entre sus funciones aprobar o rechazar las modificaciones presupuestarias que proponga el Ejecutivo y monitorear la ejecución del presupuesto.
La comisión estará integrada por el presidente del bloque mayoritario y otros dos legisladores designados por la Cámara. Además, contará con un plazo de diez días para aprobar o rechazar las modificaciones propuestas; vencido ese término, se considerarán aprobadas.

En sus disposiciones generales, contempla además un crédito de $70 millones para atender sentencias judiciales, un gasto tributario provincial estimado en $560.336 millones y la autorización para que el Nuevo Banco Rioja transfiera al Tesoro Provincial las utilidades líquidas y realizadas que correspondan durante el ejercicio.
Un presupuesto atravesado por las restricciones financieras
En la fundamentación política, el Gobierno provincial sostiene que la reducción de transferencias y recursos nacionales obliga a administrar con prudencia los fondos disponibles. La prioridad declarada está puesta en salarios, servicios esenciales, educación, salud y seguridad, además de la asistencia a los sectores vulnerables y el sostenimiento de la actividad económica.
El Presupuesto 2027 plantea, en definitiva, un escenario de fuerte dependencia de los recursos disponibles, con una importante estructura de gastos corrientes y una inversión pública condicionada por las posibilidades de financiamiento. Al mismo tiempo, incorpora metas habitacionales, herramientas para la construcción y mejoramiento de viviendas y amplias facultades financieras para el Ejecutivo.
La discusión legislativa tendrá varios puntos para abordar: el volumen de endeudamiento previsto, el alcance de las autorizaciones financieras, el eventual uso de instrumentos alternativos de pago, el financiamiento de las 500 viviendas proyectadas y los mecanismos de control sobre la ejecución de los recursos públicos.

