La jueza sostuvo que la Justicia enfrenta limitaciones para investigar delitos vinculados con las nuevas tecnologías y cuestionó la falta de figuras penales específicas. También explicó su mirada sobre el nuevo régimen penal juvenil, deudores alimentarios y el sistema acusatorio.
La jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes N°2 de la Primera Circunscripción Judicial, Gisela Flamini, habló sobre distintos aspectos del funcionamiento de la Justicia y planteó la necesidad de actualizar las herramientas legales frente a delitos vinculados con las nuevas tecnologías.
La magistrada se refirió a las investigaciones relacionadas con la difusión de imágenes íntimas y otros delitos cometidos mediante herramientas digitales.
Explicó que La Rioja cuenta dentro de la Policía con un área de delitos complejos y personal especializado, aunque consideró que sería necesario contar con más personas para atender la demanda judicial de toda la provincia.
Sin embargo, marcó una dificultad que, según indicó, excede las capacidades locales: muchos de estos comportamientos no están tipificados específicamente en el Código Penal. “Lo que pasa con ese tipo de delitos es que en realidad no son delitos, no están tipificados muchos de ellos dentro del Código Penal”, explicó.
Como ejemplo mencionó la difusión de imágenes o la grabación de una persona con contenido íntimo. También señaló que la llamada “sex-extorsión” no constituye actualmente un tipo penal específico.
Ante esa situación, explicó que los fiscales deben recurrir en determinados casos a interpretaciones de figuras existentes, como el delito de coacción. Pero advirtió que las interpretaciones extensivas pueden generar cuestionamientos vinculados con el principio de legalidad.
Por ese motivo, consideró necesario avanzar en reformas del Código Penal que incorporen nuevas figuras relacionadas con los delitos informáticos. “La ley va por detrás de la sociedad”, afirmó.
Flamini sostuvo que estos cambios vienen siendo reclamados desde hace años y recordó que hubo proyectos legislativos que estuvieron cerca de ser aprobados, pero finalmente no prosperaron.
Según explicó, las discusiones legislativas llegaron incluso a trabarse por diferencias sobre términos específicos del texto, mientras que la Justicia continúa trabajando con herramientas que considera insuficientes.
La jueza remarcó que la incorporación de estos delitos depende del Congreso nacional, ya que se trata de legislación de fondo que alcanza a todo el país.
Otro de los ejes de la entrevista fue el debate sobre un nuevo régimen penal juvenil. Flamini planteó que antes de avanzar con nuevas figuras debería resolverse una serie de deficiencias existentes en el sistema.
Consideró que muchos jóvenes podrían quedar alcanzados por conductas que actualmente pueden no identificar como delitos, y mencionó situaciones como una lesión leve producto de un empujón, una amenaza realizada mediante un grupo de WhatsApp, una pelea o la circulación de contenido sexual de otra persona. “Ellos no lo saben”, afirmó.
En su análisis, también cuestionó que se plantee un nuevo régimen penal juvenil sin contar previamente con todas las herramientas necesarias para su aplicación.
Respecto de la infraestructura necesaria para implementar ese sistema, Flamini fue contundente: sostuvo que la provincia no está preparada ni para aplicar plenamente las alternativas previstas ni para afrontar el extremo de la privación de libertad.
Explicó que el régimen contempla mecanismos educativos, capacitación en oficios y trabajo, además de supervisores con formación específica. Según señaló, esa figura actualmente no existe en las provincias. “La ley es como el esqueleto, falta todo lo demás y sin todo lo demás no van a funcionar”, expresó.
Para Flamini, algunas de las propuestas pueden tener objetivos educativos y de integración, pero necesitan dispositivos concretos para poder aplicarse.
También advirtió sobre la posibilidad de mezclar jóvenes con personas adultas privadas de libertad. Señaló que esa situación está prohibida por convenciones y reglas internacionales y sostuvo que su incumplimiento podría derivar en planteos de inconstitucionalidad.
La jueza sostuvo que el problema de los jóvenes que cometen delitos no puede abordarse únicamente desde la Justicia. A su entender, existen componentes educativos, sociales y familiares que deben ser atendidos antes de que ocurra el delito. “La justicia trabaja con hechos ya consumados”, explicó.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer los espacios educativos, recreativos y de contención y sostuvo que las políticas públicas deberían apuntar a evitar que el hecho se produzca. “Un niño encerrado, te puedo asegurar que le va a cambiar toda la vida y no va a ser en positivo, va a ser en negativo”, afirmó.
También propuso mayor trabajo de prevención en escuelas y familias para que los jóvenes conozcan las consecuencias que pueden tener determinadas conductas.
Flamini explicó además las diferencias entre el actual sistema de instrucción y el sistema acusatorio. Describió al juez de instrucción como quien actualmente concentra funciones de investigación y resolución de una causa. En cambio, explicó que con el sistema acusatorio el fiscal asumiría la investigación y llevaría los elementos ante el juez, mientras que la decisión se tomaría a partir de lo expuesto por la acusación y la defensa en audiencias orales y públicas.
Según Flamini, ese esquema permitiría una división más clara de funciones y contribuiría a reducir los tiempos de los procesos.
Indicó que una investigación penal preparatoria podría durar cuatro meses, con posibilidad de una extensión por otros cuatro, frente a instrucciones que actualmente pueden extenderse durante años.
También destacó la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad, conciliación, mediación o reparación en determinados casos para evitar que todos los expedientes lleguen a juicio.
La magistrada confirmó que la implementación del nuevo sistema acusatorio fue reproyectada para mayo del año próximo y sostuvo que uno de los principales factores será el presupuesto.
Explicó que se necesitan recursos para investigación informática, equipamiento forense y sistemas de grabación para las audiencias.
De todos modos, consideró que parte de la infraestructura existente podría ser reutilizada y que no necesariamente se requiere construir edificios nuevos para comenzar con el sistema. “Larguemos con lo que tengamos”, planteó.
Además, señaló que la reorganización permitiría trasladar equipos de investigación hacia el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, aprovechando parte del personal y los espacios ya existentes.
Consultada sobre las denuncias falsas en casos de violencia de género, Flamini sostuvo que existen, pero afirmó que son una proporción muy reducida.
Indicó que, según referencias a nivel mundial, el porcentaje no supera el 1% y consideró que los casos que pudo identificar durante su experiencia también son “muy poquitos”.
Explicó que quien considere haber sido víctima de una denuncia falsa puede realizar una denuncia por ese delito, que ya se encuentra contemplado en la legislación, además de eventualmente recurrir a la vía civil por daños y perjuicios.
Flamini también cuestionó el enfoque de determinadas políticas vinculadas con el delito juvenil y sostuvo que, a su criterio, el debate debería concentrarse en herramientas que permitan atender las problemáticas existentes.
En ese contexto, afirmó que la delincuencia juvenil representa una proporción reducida de los delitos y cuestionó que se legisle sobre esa cuestión mientras continúan pendientes otras reformas que considera necesarias.
También sostuvo que determinados discursos sobre seguridad pueden instalar la idea de que determinadas medidas garantizan resultados que luego no necesariamente se producen.
Para la jueza, la respuesta frente a los delitos cometidos por jóvenes debería incluir mecanismos de acompañamiento, oportunidades concretas y abordaje de problemáticas sociales como el consumo problemático, la ausencia de contención familiar y la falta de oportunidades. “¿Es la responsabilidad del pibe o es la responsabilidad de todos nosotros?”, planteó.
