La Fundación YACUYAS reclamó que la Legislatura trate un proyecto de respuesta integral al VIH. Advirtió sobre la falta de políticas públicas, la vulnerabilidad social y las dificultades de acceso al tratamiento.
La respuesta al VIH en la provincia excede la entrega de medicamentos. Implica garantizar alimentación, transporte, vivienda, acceso al diagnóstico, confidencialidad y acompañamiento social. Sin embargo, según advirtió Landriel Oviedo, integrante de la Fundación YACUYAS, La Rioja todavía no cuenta con una política pública integral para abordar esta problemática.
En Decilo de Frente, Oviedo y Yacurmana De la Puente expusieron las dificultades que atraviesan las personas que viven con VIH y reclamaron que la Legislatura avance con el tratamiento de un proyecto que busca establecer una respuesta provincial. La iniciativa, explicaron, no apunta a una adhesión formal a la legislación nacional, sino a crear herramientas concretas para atender la realidad riojana. “Hace cuatro años que estamos esperando que la Legislatura ingrese a comisión y trate los proyectos de ley que nunca fueron presentados en comisión”, cuestionó Oviedo. Y resumió el sentido del reclamo con una frase que atravesó toda la entrevista: “Detrás de esto hay vida humana”.
Uno de los datos más preocupantes expuestos por Oviedo está relacionado con la situación epidemiológica provincial. Según señaló, La Rioja es la segunda provincia del país en tasa de transmisión de VIH y duplica la media nacional.
También advirtió sobre el crecimiento de otras infecciones de transmisión sexual. En particular, mencionó que los casos de sífilis se quintuplicaron, en línea con una problemática que afecta al resto del país.
Para el referente de YACUYAS, el escenario se agrava por la ausencia de un programa provincial específico de VIH. Explicó que actualmente funciona el SINILAR, un centro de atención dependiente del área de Epidemiología, que garantiza asistencia, pero que no constituye un programa integral con objetivos y políticas sostenidas. “Hay obviamente atención garantizada, pero no hay un programa con metas que no solamente se dedique a la atención específicamente biomédica, sino que dé respuesta integral”, explicó.
La diferencia, sostuvo, es fundamental: el abordaje no puede limitarse a que una persona reciba su medicación. También debe contemplar las condiciones económicas y sociales que le permitan sostener el tratamiento.
Oviedo describió las dificultades que enfrentan las personas con VIH que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
Según detalló, actualmente tienen garantizados el acceso a la medicación que envía el Ministerio de Salud de la Nación y una pensión no contributiva que, de acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista, alcanza los 305 mil pesos.
Sin embargo, contrastó ese ingreso con una canasta básica provincial estimada en 900 mil pesos.
La situación se vuelve todavía más compleja cuando una persona necesita asistencia social adicional. Oviedo explicó que, al solicitar determinados programas, puede encontrarse con restricciones por el hecho de percibir una pensión. “Tenés que comer y tomar las pastillas todos los días”, resumió.
El planteo tiene una dimensión que excede la situación individual. El acceso sostenido al tratamiento también constituye una herramienta de salud pública, porque una persona que mantiene el virus controlado no lo transmite por vía sexual.
Por eso, Oviedo fue contundente cuando le preguntaron si una persona que toma su medicación contribuye a la salud pública: “Absolutamente”.
Otro de los problemas señalados tiene que ver con las distancias y los gastos que deben afrontar quienes viven en localidades del interior provincial.
Oviedo explicó que las personas que reciben un diagnóstico presuntivo mediante un test rápido deben completar el proceso para obtener el diagnóstico definitivo y comenzar el tratamiento en el CINILAR (Centro Integral de Infecciones La Rioja), ubicado en la Capital.
Esto significa que quienes viven en Villa Unión, Chepes, Chamical, Chilecito, Aimogasta u otras localidades deben trasladarse para completar esos procedimientos.
El referente relató su propia experiencia desde Chuquis y describió las dificultades que representa viajar cuando no existe transporte público diario.
También marcó diferencias entre el sistema público y las prestaciones de APOS. Mientras en el sistema público pueden entregarse medicamentos para dos o tres meses, explicó que en su experiencia con la obra social debe realizar gestiones mensuales para obtener la receta y retirar la medicación.
En su caso, estimó que los cuatro viajes necesarios durante el mes pueden representar alrededor de 100 mil pesos, considerando un boleto de 14 mil pesos por trayecto.
Ese gasto, sobre un ingreso de 305 mil pesos, puede convertirse en un obstáculo determinante. “Eso hace que un montón de personas no la busquen, y esa es nuestra mayor preocupación”, advirtió.
Por eso, la Fundación reclama que el proyecto contemple garantías mínimas de transporte gratuito y asistencia alimentaria para quienes lo necesitan.
Uno de los pasajes más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con alrededor de 30 personas que sobrevivieron a la transmisión vertical del VIH, es decir, que nacieron con el virus o lo adquirieron durante la lactancia materna.
Oviedo describió la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchos de ellos y señaló que la mayoría son huérfanos y no cuentan con una red familiar que pueda garantizarles condiciones dignas de vida. “Viven en casillas de tarima y nylon”, expresó al describir algunas de las situaciones que acompañan desde la organización.
La Fundación YACUYAS plantea que estas personas sean incorporadas de manera prioritaria dentro de los criterios de asignación de viviendas. Oviedo aclaró que no solicitan una adjudicación exclusiva, sino que su situación sea considerada como una variable al momento de distribuir las soluciones habitacionales.
Su argumento tiene que ver con una responsabilidad que considera histórica: cuando un niño nace con VIH como consecuencia de una transmisión que pudo prevenirse, también debe analizarse la ausencia de controles y respuestas sanitarias oportunas. “Un niño o niña que nace con el virus, el responsable de esa transmisión es el Estado. Fue la provincia que no garantizó los controles a tiempo”, sostuvo.
Y agregó que, si esas personas quedaron huérfanas y crecieron sin garantías suficientes, hoy necesitan una respuesta colectiva que les permita construir una vida digna.
La discriminación también aparece como una barrera concreta para acceder a derechos básicos.
Oviedo relató que algunas personas que viven con VIH han perdido sus empleos después de que sus empleadores o compañeros conocieran su diagnóstico.
Contó el caso de una persona que trabajaba en gastronomía y que, cada vez que era reconocida por su historia personal, sufría situaciones que terminaban afectando su continuidad laboral.
También compartió su propia experiencia: “Yo he perdido tres trabajos en relación a mi diagnóstico”.
El temor a que se conozca la condición de salud es especialmente fuerte en una provincia con comunidades pequeñas, donde muchas personas se conocen entre sí.
Esta situación también repercute en el acceso a los controles. Oviedo explicó que hay personas que evitan realizarse un test en los centros de salud porque temen que la información no sea confidencial. “Que una persona no pueda acceder a un sistema de salud porque tiene miedo de que su diagnóstico sea develado, habla más del sistema de salud que de la persona”, reflexionó.
A esto se suma que quienes viven en el interior deben trasladarse a la Capital para completar el diagnóstico y acceder a determinados procedimientos, lo que agrega dificultades económicas y personales.
Durante la entrevista, Yacurmana De la Puente hizo una aclaración sobre el alcance de la iniciativa: no se trata simplemente de adherir a la ley nacional 27.675, sino de construir una respuesta integral adaptada a las necesidades de La Rioja.
La propuesta contempla la creación de un programa provincial de VIH y herramientas para articular acciones de salud, desarrollo social, educación y otras áreas del Estado.
De la Puente remarcó que las problemáticas vinculadas al VIH y a las personas trans no pueden quedar concentradas en una sola secretaría con recursos limitados. Deben abordarse transversalmente desde las distintas áreas gubernamentales.
También recordó que la Fundación trabaja en capacitación institucional y en la formación de personas para acceder a oportunidades laborales, como ocurrió con el acompañamiento a una postulante que logró ingresar por concurso al Ministerio Público Fiscal mediante el cupo laboral trans.
En ese sentido, ambos referentes cuestionaron que los proyectos legislativos vinculados con el cupo laboral travesti-trans y la respuesta integral al VIH continúen sin avanzar.
Oviedo, además, planteó que la organización elaboró una propuesta de política pública cuyo costo estimado para la provincia sería inferior a los 4.000 pesos anuales por habitante. Según explicó, contempla VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual.
Para Oviedo, la discusión sobre una respuesta integral al VIH no debe interpretarse como una demanda exclusiva de quienes viven con el virus. Se trata de una política que protege al conjunto de la sociedad. “La mejor manera de controlar una epidemia es garantizando el cuidado, no únicamente de las personas que la están pasando, sino del resto de la población”, sostuvo.
Explicó que un diagnóstico oportuno, el acceso sostenido a la medicación y las condiciones necesarias para cumplir los tratamientos permiten evitar nuevas transmisiones y complicaciones que pueden derivar en internaciones prolongadas.
También cuestionó que la sociedad se conmueva ante una agresión física visible contra personas trans, pero no tenga la misma reacción frente a quienes viven con VIH y no cuentan con garantías básicas de alimentación o vivienda. “Nos asombramos de una patota de personas corriendo personas trans, pero no nos asombramos de que las personas que viven con VIH no tengan garantía de alimentos”, expresó.
