El diputado provincial Cristian Pérez defendió la reciente ley aprobada por la Legislatura riojana que respalda el reclamo territorial de La Rioja sobre sectores limítrofes con San Juan. En diálogo con Medios Provincia, sostuvo que la iniciativa busca dotar al Gobierno provincial de herramientas jurídicas para sostener un reclamo “fuerte y sustentado” ante los organismos competentes, en un contexto donde la actividad minera volvió a poner en el centro del debate la definición de los límites interprovinciales.
Pérez explicó que la controversia no se limita a la zona cordillerana, donde actualmente existen importantes proyectos mineros, sino que abarca toda la traza limítrofe entre ambas provincias. Según indicó, los conflictos alcanzan a los departamentos General San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Juan Facundo Quiroga, Independencia, General Felipe Varela y General Lamadrid.
El legislador afirmó que existen testimonios de pobladores, documentación catastral, cartografía, escrituras y antecedentes históricos que respaldan la posición riojana. En ese sentido, aseguró que durante la dictadura militar se modificaron de manera unilateral los límites, desplazando los mojones hacia el interior del territorio riojano y favoreciendo a San Juan.
“Hay pruebas sobradas de que esas tierras son riojanas. No solamente hablamos de nuestro patrimonio histórico, sino también de un territorio con importantes recursos naturales”, remarcó.
El valor estratégico de la minería
Pérez reconoció que el conflicto cobró mayor relevancia por el potencial minero de la región. Explicó que la Cordillera de los Andes concentra importantes yacimientos de cobre, considerado el mineral de mayor abundancia en la zona, además de oro, plata y otros minerales estratégicos para las industrias tecnológica y metalúrgica.
El diputado señaló que, si bien históricamente existieron discusiones por áreas como Valle de la Luna e Ischigualasto, actualmente el foco principal está puesto en las zonas de exploración minera, donde se encuentran recursos de alto valor económico.
Amplio respaldo legislativo
Respecto al tratamiento parlamentario, Pérez destacó que la norma obtuvo un importante nivel de consenso.
Indicó que el bloque Fuerza Patria acompañó el proyecto en todos sus términos, mientras que la diputada radical Gabriela Rodríguez propuso modificaciones en dos artículos para precisar que el reclamo deberá realizarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y especificar que la representación corresponde a los legisladores nacionales en ambas cámaras del Congreso.
En tanto, los cuatro diputados del bloque La Libertad Avanza optaron por abstenerse. Según explicó Pérez, fundamentaron su postura al considerar que la Cámara de Diputados provincial no tiene competencia para definir límites interprovinciales, aunque el legislador sostuvo que la ley no pretende fijar límites, sino fortalecer el reclamo institucional de La Rioja.
“Nunca dejamos de reclamar”
El diputado rechazó las versiones que indican que el reclamo comenzó recientemente y recordó que la Provincia mantiene esta postura desde hace décadas.
Mencionó antecedentes legislativos impulsados en 1974 por el entonces diputado nacional Julio César Galván, además de distintos planteos realizados en los años 2007, 2012 y 2021.
Asimismo, recordó que durante la presidencia de Carlos Menem se dictó un decreto que impedía intervenir las tierras en disputa hasta tanto se resolviera definitivamente la cuestión limítrofe.
A su entender, la ley nacional que fijó los actuales límites durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía carece de legitimidad constitucional, ya que no contó con el procedimiento previsto por la Constitución Nacional para este tipo de acuerdos entre provincias.
Otros conflictos limítrofes
Consultado sobre un eventual reclamo con Catamarca por la zona de Chumbicha, Pérez consideró que cada conflicto debe analizarse individualmente.
Explicó que será necesario estudiar la documentación histórica, las mensuras, escrituras y demás pruebas disponibles para determinar si corresponde avanzar con un planteo similar al realizado frente a San Juan.
Cuestión de privilegio contra un diputado
En otro tramo de la entrevista, Pérez confirmó que el diputado Molina Gómez fue convocado por la Comisión de Asuntos Constitucionales para ejercer su derecho de defensa en el marco de una cuestión de privilegio presentada en su contra.
El legislador explicó que la medida responde a expresiones públicas realizadas por Molina Gómez, quien habría acusado a otros bloques de haber “comprado voluntades” durante el tratamiento de distintas iniciativas legislativas.
Pérez diferenció los acuerdos parlamentarios propios del funcionamiento legislativo de las acusaciones sobre presuntas compras de voluntades y consideró que esas afirmaciones “sobrepasaron los límites del debate político”.
Finalmente, informó que la Comisión de Asuntos Constitucionales prevé reunirse durante esta semana para escuchar los descargos del legislador involucrado.
