El Gobierno de La Rioja puso en marcha un régimen provincial de protección para usuarios de servicios de crédito para consumo y declaró por 180 días la emergencia crediticia, con el objetivo de prevenir prácticas abusivas, combatir situaciones de usura y brindar herramientas a las familias que atraviesan dificultades para afrontar sus deudas.
Así lo explicó el asesor General de Gobierno, Dr. Pedro Goyochea, en diálogo con Medios Provincia, al referirse al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1293 firmado por el gobernador Ricardo Quintela y posteriormente ratificado por la Legislatura Provincial.
Goyochea señaló que la medida surgió a partir de un diagnóstico realizado por equipos técnicos del Gobierno provincial y busca establecer una política pública permanente de prevención y control de prácticas abusivas en las operaciones de crédito, además de garantizar condiciones de información y transparencia para los usuarios.
Mediación y refinanciación de deudas
El nuevo régimen contempla mecanismos de orientación, denuncia, conciliación, mediación y autocomposición a través de la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor.
De esta manera, quienes se encuentren atravesando situaciones de morosidad o refinanciación podrán recurrir a Defensa del Consumidor para buscar un acuerdo que permita afrontar la deuda bajo condiciones razonables y evitar, cuando corresponda, la ejecución de bienes o embargos.
La emergencia crediticia también funciona de manera complementaria con la ley sancionada por la Legislatura que establece la suspensión de las ejecuciones prendarias por 180 días, generando una ventana de tiempo para que las partes puedan arribar a acuerdos.
El funcionario aclaró que la herramienta puede intervenir también frente a deudas contraídas con bancos, fintech, billeteras virtuales y casas de préstamos cuando existan condiciones abusivas en los procesos de refinanciación.
En ese sentido, explicó que el objetivo es evitar que las comisiones, honorarios y otros cargos terminen transformando una deuda en un esquema creciente e imposible de cancelar.
Frente a situaciones de usura también habrá intervención penal
Goyochea remarcó que el régimen también contempla situaciones de usura, amenazas o presiones ejercidas por prestamistas particulares.
Ante estos casos, la autoridad de aplicación podrá formular de oficio la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal cuando detecte conductas que puedan constituir un delito penal.
El asesor General de Gobierno sostuvo que estas prácticas no sólo se registran en Capital, sino también en distintos departamentos del interior provincial, y destacó el accionar de la Policía frente a situaciones de este tipo.
Asimismo, diferenció entre una denuncia formal y la posibilidad de poner una situación en conocimiento de las autoridades para generar una alerta preventiva, preservando la identidad de quien aporta la información cuando corresponda.
“La toma de crédito no puede convertirse en una condena”
Goyochea sostuvo que las nuevas herramientas buscan que las familias puedan cumplir con sus compromisos financieros sin quedar atrapadas en un círculo de endeudamiento.
“La toma de crédito no se vuelva una condena para la familia, sino una vía para poder amortiguar la difícil situación que se atraviesa”, señaló.
Finalmente, cuestionó el impacto social de la desregulación de las tasas de interés y planteó que, frente a un contexto de endeudamiento creciente, el Estado debe intervenir para establecer mecanismos de protección para los sectores más vulnerables.
